Los agentes económicos y sociales representados en la Mesa de Diálogo Social han pedido este martes al Gobierno de Cantabria la adopción de medidas extraordinarias, complementarias a las aprobadas por el Gobierno de España, para mitigar el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus en las familias y empresas de la región, los trabajadores y los colectivos más vulnerables.

El Gobierno ha recibido sus propuestas a la vez que ha presentado a la CEOE-CEPYME y a los sindicatos CCOO y UGT las líneas básicas del «plan de choque» en el que está trabajando y las medidas que ya está poniendo en marcha con medios propios, como el «cheque de resistencia» para los autónomos y pequeños negocios cerrados desde la declaración del estado de alarma.

La Mesa de Diálogo Social ha acordado reunir el próximo viernes a la Comisión Permanente, para continuar el análisis de las medidas necesarias para afrontar la situación provocada por la pandemia, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

En la videoconferencia han participado el presidentede CEOE-CEPYME, Enrique Conde; el secretario general de UGT, Mariano Carmona, y el de CCOO, Carlos Sánchez. Y por parte del Gobierno, el presidente, Miguel Angel Revilla, el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y los consejeros de Empleo y Política Social, Ana Belén Álvarez; Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, y Economía y Hacienda, María Sánchez.

PACTAR LAS MEDIDAS CON LOS AGENTES SOCIALES. Por parte de la CEOE-Cepyme, su presidente, Enrique Conde, ha realizado una valoración positiva del encuentro y cree que se deben de producir con más asiduidad, sobre todo en la situación actual. En declaraciones a Europa Press, Conde ha explicado que, en la reunión, los agentes sociales han demandado al Ejecutivo regional la puesta en marcha de más medidas «complementarias» a las adoptadas por el Gobierno central y a las que ya ha puesto en marcha la comunidad, como los denominados ‘cheques de resistencia’ y, además, que éstas se pacten antes con los agentes sociales.

Así, por ejemplo, desde CEOE han pedido que las ayudas no solo se extiendan a autónomos o micropymes, sino a otras de mayor tamaño. También la patronal ha reclamado que no solo se puedan beneficiar de ellas empresas que han tenido que cerrar sino aquellas que abren pero su productividad está afectada.

Según Conde, lo que se persigue es «intentar» que las medidas que se adopten para paliar las consecuencias económicas sean «lógicas para todos», tanto para las empresas como para los trabajadores. También la patronal ha reclamado que, por parte de aquellos servicios del Gobierno que no están centrados en el coronavirus, se aproveche este periodo sin actividad presencial para adelantar la tramitación de licencias, permisos o procedimientos urbanísticos relacionados con la actividad empresarial para que, una vez pase la crisis, se puedan sacar «a toda pastilla».

PROPUESTAS DE CCOO. Mientras, CCOO ha presentado una propuesta de «plan regional» con cuatro líneas de ayudas por importe de 10 millones de euros, cuantía equivalente a la establecida para el denominado «cheque de resistencia» que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo regional para ayudar a sufragar los gastos fijos de autónomos y pymes de Cantabria. Entre otras medidas, CCOO pide una compensación económica para los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), ya sea por suspensión de contratos o por reducción de jornada, con un fondo de cinco millones de euros.

Además, la propuesta recoge para el caso de los ERTES por causas técnicas, organizativas, económicas o de producción, la necesidad de que el periodo de consultas haya concluido con acuerdo entre las partes. También pide una ayuda para la mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, dotada con un millón y medio de euros, de acceso a aquellas personas que ejerciten el derechos de reducción de jornada o excedencia para el cuidado de hijos, menores, mayores o personas dependientes a su cargo y cuyos ingresos anuales por unidad familiar no excedan en ningún caso de 35.000 euros.

Además, CCOO ha propuesto otras dos líneas de medidas; una primera de ayudas a la protección de personas desempleadas que no perciben ningún tipo de ayuda, prestación o subsidio de desempleo, incluidas las personas trabajadoras del hogar, que se dotaría con dos millones y medio de euros; y una última línea para incentivar la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, que contaría con un fondo de un millón de euros, y se materializaría en ayudas por contrato para autónomos, micropymes, pymes y empresas de hasta 250 trabajadores, que garanticen contratos de un año de duración como mínimo, para personas despedidas o que provengan de empresas cerradas con motivo del COVID-19.

PROPUESTAS DE UGT.  Por su parte, UGT pide ampliar la prestación por desempleo de afectados por ERTEs del Covid-19 al salario medio de los tres últimos meses, y también ha planteado propuestas para ayudas a desempleados, empresas, autónomos, renta social básica y vivienda.

También pide que los ERTEs que sean justificados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción sólo se autoricen si se llega a un acuerdo en el período de consulta y, de ser así, que se aplique en ellos una cuantía económica para los afectados por día, en función del salario base o la base de cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, UGT sugiere al Gobierno de Cantabria un acuerdo con las entidades financieras para que adelanten las cantidades correspondientes a los beneficiarios de ERTEs derivados del coronavirus, y pide también un complemento salarial para los trabajadores que se hayan acogido al derecho de reducción de jornada laboral para cuidar a personas que requieren de atención.

En sus medidas destinadas a los desempleados, UGT pide ayudas económicas para quienes hayan sido despedidos antes de la publicación del Real Decreto del pasado 27 de marzo y no tengan derecho a la prestación por desempleo por no cumplir los requisitos estipulados. Además, el sindicato extiende esas ayudas económicas a los autónomos que se hayan visto obligados a cesar en su actividad por el Covid-19, siempre y cuando tengan un período de cotización de entre 90 y 360 días; y a las empleadas de hogar que hayan visto rescindidos sus contratos de trabajo y tengan un período mínimo de 6 meses de cotización en su régimen especial de la Seguridad Social, a las que se incrementaría la cuantía de las ayudas en caso de tener cargas familiares.

UGT también solicita ayudas económicas, equivalentes al IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), para los trabajadores que en este período de emergencia agoten las prestaciones o subsidios por desempleo que vinieran percibiendo. El sindicato plantea igualmente ayudas económicas para las empresas que contraten a desempleados; avales económicos para pymes y autónomos que permitan garantizar su liquidez; reforzar los servicios de orientación y formación; modificar las bases reguladoras de todas las órdenes de subvenciones para incluir entre los colectivos prioritarios a quienes hayan perdido su empleo por el Covid-19 y programas especiales para ellos en las próximas convocatorias de talleres de empleo.

Por último, UGT también ha propuesto la tramitación automática de los expedientes de la Renta Social Básica ya iniciados; una ayuda económica a quienes se les haya retirado en los últimos seis meses por no cumplir alguno de los requisitos; y que se agilicen las ayudas por rehabilitación de vivienda.