La Asociación de Constructores de Cantabria ha solicitado la declaración de nulidad del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares publicado por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno regional para la construcción del edificio que albergará el Centro de Interpretación del Arte Rupestre en Puente Viesgo, en las inmediaciones de las cuevas del Monte Castillo.

En concreto, la ACP pide la nulidad de la cláusula que establece «que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal», según informa en un comunicado.

Ante esto, la patronal de la construcción ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación contra el citado pliego y anuncio de licitación, al considerar que se produce una «restricción efectiva» de la competencia e «imposibilita» a los operadores económicos, sobre todo de pequeñas y medianas empresas (pymes), el acceso a la licitación pública.

Además, la ACP entiende que esa cláusula es «contraria» a lo dispuesto en los artículos 1, 75, 132 y 215 de la Ley de Contratos del Sector Público y «vulnera» los principios de libre competencia, libre concurrencia y de proporcionalidad.

«La cláusula que limita la subcontratación, al excluir determinadas tareas críticas sin suficiente, motivada y detallada justificación en el expediente de contratación, produce una restricción efectiva de la competencia, es contraria a lo dispuesto en los citados artículos 1, 75, 132 y 215 de la Ley de Contratos del Sector Público y a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, libre competencia, libre concurrencia y libre acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas», señalan los constructores cántabros.

Este colectivo explica que el nuevo régimen de la subcontratación previsto en la Ley de Contratos del Sector Público es «una pieza fundamental» de los principios de concurrencia y fomento del acceso de las pymes a la contratación pública.

En este nuevo régimen normativo de la subcontratación, que se consagra con la entrada en vigor de la nueva norma, «permitirla ha pasado de ser una simple facultad de la administración a ser un derecho de los licitadores que deriva directamente los principios y libertades fundamentales de la contratación pública».

La Asociación de Constructores destaca que la figura de la subcontratación ha dado un «giro copernicano» en la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. «Y la causa de ello es la lógica desde la que debe entenderse la subcontratación actualmente: ha pasado de ser una mera facultad del órgano de contratación sin mayor trascendencia en fase de licitación a ser uno de los pilares para el fomento de la competencia y de un mayor acceso de las pymes a la contratación pública, objetivos confesos del nuevo régimen normativo», concluyen.