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17.000 mozos

Juan G. Bedoya |

ALERTA El Diario de Cantabria | 25 de abril de 2019

En toda epidemia independentista, lo primero que ponen los promotores es un líder, dineros, un ejército y la propia vida si fuera necesario. El ejército es fundamental, pero nadie se apunta a la lucha sin líder que la dirija y dinero para pagarla. Los alzados catalanes no tienen ni lo uno ni lo otro. Peor aún. El dinero que amasaron fue robado al pueblo y lo gastan en las parafernalias del fugado Puigdemont, entre otras alegrías. Miren las carteras de los Pujol. Otro cantar son los Mossos d’Esquadra. Son 17.000 y cobran de Madrid. Quien paga, manda. 

En Cataluña, como en Cantabria, no es España quien roba, sino quien paga. En el caso de los Mossos, la situación es clamorosa. En los años 80 del siglo pasado, el ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa, que había sido con Franco gobernador civil de Barcelona, se planteó transferir la gestión completa de la policía catalana al Gobierno Pujol, y éste se resistió. Quería el mando, pero sin gasto. Que pagase Madrid. Así que, desde entonces, lo que podía haberse convertido en el germen de un ejército catalán en toda regla, en realidad es un cuerpo policial más, pagado por Madrid a razón de unos 40.000 euros por unidad y año (523 millones en 2019, según los presupuestos prorrogados por Pedro Sánchez). Cobran unos 400 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil, pero cobran de España.

Si George Washington, un suponer, levantase la cabeza, el general del ejército que ganó la independencia de Estados Unidos frente Inglaterra en una larga guerra, pensaría que en Cataluña los independentistas son apenas unos burguesitos de casino y misa diaria. Ni idea sobre cómo se combate una soberanía nacional. Por esta parte, la tranquilidad es absoluta. Con esos mimbres, Cataluña nunca va a ganarse la independencia.

Ayer se vio en la sala del crimen, cuando acudió como testigo el mosso Albert Donaire. Aguerrido, se puso al lado de la Generalitat durante la convocatoria del referéndum ilegal y manifestó, farruco en tuits y foros, que no pensaba retirar «ni una sola urna». Empezó su declaración exigiendo que se le llamara por su nombre, no por su número de identificación, como se ha hecho con el resto de los agentes, por seguridad ante los violentos.

«Juraría que no soy yo el juzgado aquí», contestó Donaire a la primera pregunta del abogado de Vox, que quería medir la furia independentista del mozo, y sus apoyos. El presidente Marchena cortó la chulería. «No confunda el escenario. Usted ha sido citado como testigo, es un agente de la autoridad y está ante la autoridad judicial. Como agente de la autoridad debe saber cuál es el papel de un testigo en un juicio penal». Ahí se arrugó quien se llama a sí mismo ‘mosso per la independencia’.

Oído lo cual, la declaración del ex director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, asegurando que la policía catalana “siempre ha estado al servicio de la legalidad”, fue un brindis al sol. Pero Batlle parece creíble y sus palabras son una bofetada contra los alzados. Si dimitió en 2017, fue porque no se fiaba del Gobierno Puigdemont y cuando supo que los doce apóstoles del alzamiento se echaban al monte, empeñados, además, en desordenar un cuerpo de orden creado en 1719 por la administración del Borbón Felipe V con el nombre de ‘Escuadras de Paisanos Armados’. Franco lo suprimió sin contemplaciones en 1939.

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