El Ayuntamiento de Meruelo apeló a la colaboración ciudadana como instrumento fundamental para evitar la ocupación ilegal de viviendas mientras no sea modificada la legislación vigente en torno a este asunto.

Esa es una de las principales conclusiones que se extrajeron de la reunión que se celebró el pasado fin de semana en el Centro Cívico Municipal para abordar este problema que viene afectando al municipio en los últimos meses. A la cita, convocada por el propio Ayuntamiento de Meruelo ante la inquietud generada entre los ciudadanos y propietarios por la ocupación de varias viviendas, acudieron numerosos vecinos que llenaron el salón de actos del Centro Cívico, respetando en todo momento las medidas sanitarias y la distancia de seguridad.

Durante la reunión, el alcalde, Evaristo Domínguez, que estuvo acompañado por la secretaria municipal y por un abogado experto en la materia, detalló cuál es la situación a día de hoy explicando que los ‘okupas’ han entrado de manera ilegal en cuatro viviendas, tres de ellas que son propiedad de entidades bancarias y la cuarta de un vecino que recientemente la había puesto a la venta. También habló de que gracias a esa colaboración ciudadana a la que se apeló, la Guardia Civil ha podido evitar en las últimas semanas la ocupación de otras dos casas al poder actuar con rapidez tras la cooperación de algunos vecinos que alertaron de lo que estaba sucediendo.

Por su parte, el letrado explicó la legislación y ayudó a resolver las dudas que se fueron planteando. También se expuso que el Ayuntamiento ha seguido en todo momento los pasos que se pueden dar con la ley que actualmente está en vigor. Ante las críticas surgidas por el hecho de que se empadrone a los ‘okupas’, tanto el alcalde como la secretaria dejaron claro que no es algo que quieran hacer pero que el Ayuntamiento está obligado a hacerlo porque así lo dice la ley y no pueden oponerse. Lo que sí se dejó claro también es que el Consistorio no concede ningún tipo de ayuda a los ‘okupas’ y que mantiene reuniones y está en permanente contacto con la Guardia Civil. Y que ya el pasado mes de octubre el Pleno Municipal aprobó por unanimidad una moción para instar al Gobierno de España a modificar la ley ya que según el alcalde ese es el principal problema, que la legislación vigente da más cobertura a los okupas que a los propios propietarios. 

De igual forma se insistió en que es vital denunciar en las primeras 24-48 horas desde que se produce la ocupación de una vivienda para que la Guardia Civil pueda actuar con rapidez y de ahí que se pidiera la colaboración de todos los vecinos para comunicar la presencia de vehículos o personas sospechosas que circulen por algún barrio del municipio a deshoras o con comportamientos extraños. Una comunicación 

que ha de hacerse a la Guardia Civil aunque el alcalde también ofreció la posibilidad de contactar con cualquiera de los concejales de la corporación que se pueden encargar de llevar a cabo las gestiones oportunas para hacer llegar la denuncia a las fuerzas de seguridad del Estado. 

Ante todo esto, entre los asistentes a la reunión surgió la idea de formar una coordinadora de vecinos contra la ocupación de viviendas a través de la cual se puedan canalizar las posibles denuncias de ocupación.