El Sector de Enseñanza Pública de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha mostrado su pleno respaldo a los directores de los centros educativos de Santoña que plantearon el aplazamiento del inicio del curso escolar en el municipio, pese a que «las presiones de una Consejería Educación inflexible y soberbia» les ha forzado a abrirlos en una decisión que considera «tan incongruente como inaceptable».

El sindicato, que solicitó desde un principio el cierre de los centros educativos santoñeses mientras el municipio estuviera confinado por los brotes de la Covid-19 registrados, lamenta «estar bajo el mando de una Consejería de Educación que se muestra inflexible en las negociaciones y hace oídos sordos de manera continuada a toda la comunidad educativa; desde los equipos directivos, el alumnado y sus familias hasta la Junta de Personal Docente».

UGT advierte a Educación que «tendrá que asumir sus responsabilidades por su intolerancia» y confía en que «no sea la realidad la que nos tenga que dar la razón, sobre todo en casos en los que se está hablando de vidas en juego». Por otro lado, el sindicato advierte que el curso académico 2020-2021 comienza en Cantabria «con muchas dudas sobre la seguridad sanitaria ante la Covid-19 y una ratio media de alumnos por aula por encima de la recomendada por las autoridades sanitarias (15-20 alumnos) porque, simplemente, no se ha contratado al personal docente suficiente para ello».

«En otras autonomías se ha contratado docentes para reducir al máximo el ratio de alumnos por aula porque es la mejor medida y el principal dique de contención del virus, garantizando que exista la suficiente distancia entre el alumnado», subraya el Sector de Enseñanza Pública de UGT en un comunicado de prensa. Para UGT, «no tiene el más mínimo sentido que en cualquier ámbito de la vida pública o privada se estén restringiendo los aforos como primera medida de seguridad frente a la Covid-19 y que no se aplique al educativo».

Por último, el sindicato avisa que «habrá que estar atentos a la evolución del inicio del curso escolar» y que en función de ello «UGT evaluará la conveniencia de iniciar medidas de presión contundentes».

ANPE. El sindicato docente ANPE ha exigido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el cese de la consejera de Educación, Marina Lombó, por los «tics autoritarios de toda su gestión hasta el momento y la dejación de responsabilidades» manifestada durante la crisis de la pandemia del coronavirus.

En un comunicado, el colectivo manifiesta la «incapacidad» de Lombó para gestionar una Consejería «de la importancia de la de Educación» y pide buscar para el cargo a otra persona con un carácter «más dialogante y receptivo». En este sentido, Anpe denuncia la actitud «intolerante y poco dialogante» de la consejera, que ha tomado las decisiones «de forma unilateral, sin espíritu de negociación ni voluntad de alcanzar acuerdos».

El sindicato también considera que Lombó ha «aprovechado» el decreto del estado de alarma para tomar decisiones «totalmente unilaterales, rompiendo con los acuerdos alcanzados previamente en algunos casos». Por ejemplo, el despido inmediato de 60 docentes de formación profesional, la anulación del acuerdo del calendario escolar, el intento de modificación de la orden de interinos sin negociación previa o la publicación en boletín de normas que deberían negociarse con la Junta de Personal Docente, según Anpe.

El colectivo critica que Lombó «no ha estado a la altura» durante el confinamiento, «dictando una serie de instrucciones contradictorias y ambiguas, dejando toda la responsabilidad de la aplicación de la enseñanza a distancia en manos de los equipos directivos y del profesorado».

Improvisación. Y de cara al inicio del curso escolar, Anpe asegura que la Consejería «se ha negado» a aceptar las propuestas realizadas desde las organizaciones sindicales y lamenta la «improvisación y de planificación», con «cambios de opinión constantes, políticas erráticas y descargando la responsabilidad en los centros y en el personal docente».

Además, señala que la polémica en torno a la apertura de los centros en Santoña, confinada debido al número de casos de Covid, ha sido «la gota que ha colmado el vaso», ya que Anpe era uno de los colectivos que había solicitado retrasar el inicio de las clases durante los días que durase el aislamiento y la Consejería de Educación y el Gobierno de Cantabria obligaron a abrir. «Afortunadamente, parece que la población tiene mucho más criterio y sentido común que nuestros gobernantes, y la asistencia de alumnos a las aulas en Santoña ha sido escasa», subraya el sindicado.