La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación respecto a la intervención artística de Okuda en el Faro de Ajo a raíz de la denuncia de Izquierda Unida, que pidió que se esclarezca si ha habido una vulneración de la protección del patrimonio, prevaricación y malversación.
 

📺La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación por la intervención sobre el faro de Ajo tras nuestra denuncia.
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— IU Cantabria🔻 (@IUCantabria) September 8, 2020

La Fiscalía de Cantabria ha aclarado a Efe en relación con esta denuncia que, "como en todos los casos, se abren diligencias y se inicia una investigación para esclarecer si los hechos denunciados son delictivos".

La investigación está encargada a una fiscal, que será quien decida las diligencias que se van a practicar en este procedimiento.

IU había denunciado a la Autoridad Portuaria de Santander y al Ayuntamiento de Bareyo, siendo estas dos instituciones las firmantes del convenio que ha dado pie a que se realice la obra del artista urbano Okuda hace unos días.

El dirigente de IU en Cantabria Israel Ruiz ha señalado en una nota de prensa que "siempre son buenas noticias que se informe y se investigue cualquier cuestión que ponga mínimamente en duda no sólo los recursos públicos, sino la propia transparencia, buen hacer e imagen que se espera de las instituciones públicas".

"Es de agradecer la celeridad con que se ha comenzado esta investigación, sabiendo que hay mucha tarea en la Justicia y que debiera ser reforzada con recursos y personal para abordar muchos más temas del día a día", ha dicho.

IU recuerda que, aunque hay dos instituciones que aparecen con partes denunciadas, "son tres sus promotores, dado que el Gobierno de Cantabria, con el presidente, Miguel Ángel Revilla, ha sido el principal valedor político y mediático de la intervención".

Y ello a pesar, según lamenta la formación, "de la oposición mayoritaria de la población y el rechazo de numerosas voces y colectivos de la cultura, el patrimonio o la arquitectura de la comunidad".

De hecho, IU planteó en su denuncia llamar a declarar a todas la personas que participaron en la presentación del proyecto en el Palacete del Embarcadero.

Es decir, al propio artista Okuda, al presidente Revilla, al presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, a la consejera de Turismo, Marina Lombó, al consejero de Industria, Francisco Martín, a la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, al alcalde de Bareyo, José de la Hoz, y a la directora general de Turismo, Eva Bartolomé.

La Fiscalía de momento solo ha abierto diligencias y no se ha decidido aún sobre las pruebas o declaraciones que se podrían practicar, ni siquiera sobre si en la intervención se ha podido cometer o no algún delito.

La intervención, según IU, podría vulnerar la legalidad vigente en lo que se refiere a protección del patrimonio protegido y pide que se investigue si se han producido delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, "sin perjuicio de otros que la Fiscalía pudiera considerar".