Zaragoza da marcha atrás con las multas de su ZBE mientras Torrelavega sigue castigando a sus ciudadanos
La comparación entre ambas ciudades vuelve a poner en cuestión la gestión de la ZBE impulsada por Javier López Estrada y el pacto PRC-PSOE
La polémica por la Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega sigue creciendo. Y ahora la comparación con otras ciudades españolas deja todavía más incómodo al equipo de gobierno municipal.
Mientras Zaragoza —con más de 700.000 habitantes— ha optado por limitar sanciones y aplicar criterios ligados a los niveles reales de contaminación, en Torrelavega, una ciudad de apenas 52.000 vecinos, el Ayuntamiento mantiene un modelo que muchos ciudadanos consideran desproporcionado, precipitado y claramente recaudatorio.
Una ciudad pequeña con restricciones de gran capital
La crítica principal no está solo en la existencia de la ZBE, sino en cómo se ha implantado. Vecinos, comerciantes y plataformas ciudadanas denuncian desde hace meses la falta de información clara, la señalización confusa y la ausencia de una transición razonable antes de empezar a sancionar.
Todo ello mientras Torrelavega ni sufre los niveles de tráfico de Madrid ni presenta episodios graves de contaminación atmosférica que justifiquen medidas tan agresivas.
La plataforma contraria a la ZBE insiste en que el modelo local “castiga antes de informar” y que el Ayuntamiento ha convertido una medida medioambiental en un mecanismo de presión sobre conductores, trabajadores y pequeños negocios.
El foco político apunta a Javier López Estrada
Cada vez más críticas señalan directamente al alcalde, Javier López Estrada, y al pacto PRC-PSOE como responsables de una política que ha terminado generando más rechazo que consenso.
Porque el problema ya no es únicamente técnico o jurídico. El problema es político. La sensación creciente es que el Ayuntamiento ha implantado restricciones sin calibrar adecuadamente el impacto económico y social sobre una ciudad que lleva años perdiendo fuerza comercial y actividad en el centro urbano.
La sombra del Supremo planea sobre Torrelavega
Además, el reciente fallo del Tribunal Supremo sobre la ZBE de Madrid ha reforzado a quienes cuestionan el modelo torrelaveguense. La sentencia pone el foco en la necesidad de justificar correctamente el impacto económico y la proporcionalidad de este tipo de medidas.
Ese precedente ha dado alas a las plataformas ciudadanas que mantienen la batalla judicial abierta contra la ordenanza local y que consideran que Torrelavega podría acabar viviendo una situación similar si los tribunales terminan revisando el fondo del asunto.
La batalla judicial de la ZBE de Torrelavega continúa abierta.
Una ciudad cansada de restricciones
La gran pregunta que empieza a escucharse en la calle es sencilla: ¿de verdad esta era la prioridad para Torrelavega?
Mientras otras ciudades flexibilizan, revisan o suavizan sus modelos, el Ayuntamiento torrelaveguense mantiene una política rígida que muchos vecinos consideran desconectada de la realidad local.
Y esa percepción empieza a tener un coste político evidente.
Porque cada vez más ciudadanos ven la ZBE no como una medida ambiental, sino como el símbolo de una forma de gobernar basada en prohibir, sancionar y escuchar tarde.