Los vecinos del edificio apuntalado del barrio de Ela Zaparón en Torrelavega han estallado de indignación contra el Gobierno regional tras las «mentiras» vertidas por la consejera, Eugenia Gómez de Diego.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales aseguró durante una intervención en el Parlamento de Cantabria que los vecinos que residen en este edificio han rechazado las ayudas y el ofrecimiento de otras viviendas por parte del Ejecutivo regional y del Ayuntamiento de Torrelavega.

Para los vecinos del inmueble, supuestamente afectado por unas obras desarrolladas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en los bajos del edificio, las declaraciones de la consejera no son ciertas y la piden que deje de «decir mentiras». «No cuenten mentiras, los vecinos sí queremos ayudas, quieren su ayuda. Los vecinos no han roto el edificio, sus obras han roto el edificio», responde a Gómez de Diego una de las vecinas afectadas, que ha grabado un vídeo para colgar en redes sociales y poder contestar a la consejera.

La mujer, que se refiere en sus declaraciones tanto a socialistas como a regionalistas, explica que desde el Gobierno cántabro les han rechazado una ayuda para la rehabilitación de viviendas, bajo el pretexto de que está pensada para edificios de más de 50 años y el afectado solo tiene 33. Además, indican que sí les han ofrecido acogerse a otra subvención en este caso destinada a mejorar el ahorro energético, pero aseguran que no se la concederán ya que no es el motivo de la solicitud.

Y es que los vecinos de la calle Coro Ronda Garcilaso de Torrelavega viven desde hace cuatro años afectados por las grietas que aparecieron en sus viviendas tras la rehabilitación del local del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en la planta baja y han denunciado en numerosas ocasiones que se encuentran sumidos en una «auténtica pesadilla».

Como consecuencia de las obras, indican los vecinos, alguna de las viviendas están incluso prácticamente inhabitable por tener colocados más de 70 puntales en su interior por orden del Ayuntamiento de Torrelavega, y el ascensor está clausurado, suponiendo un perjuicio para los vecinos mayores y con movilidad reducida, han trasladado los propietarios en un comunicado. Los vecinos denunciaron esta situación ante la Justicia, con la esperanza de que del Gobierno asumiera su responsabilidad, pero la sentencia, que no es en firme y está recurrida, no les dio la razón. Curiosamente, otra sentencia, esta sí en firme, sí asegura que al menos uno de los pisos del edificio está afectado por culpa  de estas obras, lo que da esperanza al resto de vecinos de que finalmente el juez les de la razón.

Por esto los vecinos piden a la administración que se haga responsable de las consecuencias de las obras y saque a estas familias del «infierno» en el que se encuentran. Además, recuerdan que estas personas han trabajado toda su vida para tener una vivienda digna, y ahora se encuentran en una situación desesperada. «Muchos están tomando ansiolíticos» apuntan. Tampoco ha sentado bien a los afectados que la consejera asegurase que ha hablado con ellos «cientos de veces» cuando la realidad,  según aseguran, es que Gómez de Diego solo se ha interesado por ellos en nueve ocasiones desde hace cuatro años. La última, «una llamada teléfonica después del Pleno del Parlamento» de hace dos semanas. «No cuenten mentiras».

El ayuntamiEnto tampoco ayuda. Los vecinos también han asegurado que es falso que desde el Consistorio torrelaveguense se les ofreciese ningún tipo de ayuda. «Javier López Estrada no nos ha ofrecido ni un euro», señala una de las afectadas. «Dicen que el ayuntamiento ha ofrecido dinero o viviendas, es mentira».

Tampoco entienden porque la consejera mezcló en su intervención en el Parlamento su situación con la de los edificios que están okupados en Torrelavega.

«Es un despropósito mezclar este tema con el de viviendas ocupadas. Los vecinos de este edificio no son okupas», se lamentan, y piden al Ejecutivo regional que se asuma sus responsabilidades. «Hágase responsable de la Consejería de Políticas Sociales», le espetan a Gómez de Diego, a quien también invitan a que visite el edificio para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran las ocho familias que lo habitan. «Venga a ver las casa, que no se ha dignado a venir a ver como están estas familias», piden indignados.

Para estos vecinos, el Gobierno regional está «maltratando» a las familias de este edificio: «Es un maltrato institucional, se lamentan. Los políticos están para servir a los ciudadanos, que pagamos los impuestos», recuerdan y les piden empatía. «Que pena no pasaran ustedes lo que están pasando estas familias, a las que dan la espalda».

También recuerdan que las viviendas fueron en su momento entregadas por el Gobierno de Cantabria y se preguntan porque si en ese momento el edificio ya estaba «enfermo» se permitió realizar las obras. Para los vecinos está claro que «el Gobierno es el único responsable» de la situación y piden a la consejera y al resto del Gobierno que se reúnan con los vecinos para hacer «propuestas reales».

«Mientras tanto, estarán dando la espalda a estas ocho familias», se lamentan.

Cuatro años viviendo en el «infierno»

Desde hace cuatro años, los vecinos del edificio de la calle Coro Ronda Garcilaso de Torrelavega viven en un «infierno» a causa del estado en el que ha quedado el dificio, según ellos aseguran, tras las obras acometidas por el por Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

Mientras, la Justicia ha mostrado «opiniones variadas» en estos cuatro años. Como recuerdan los propietarios, por un lado estableció que los daños de una de las viviendas eran consecuencia de esa obra -mediante una sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de Cantabria-, pero otro Juzgado apuntó a que los daños en otro de los domicilios no se debían a dicha actuación, sino que eran daños estructurales del edificio -esa sentencia está pendiente de revisión por la Audiencia-.

Por ello, los vecinos, que en su mayoría son «familias humildes y mayores», aseguran encontrarse en una situación «desesperada», porque «si finalmente no hay responsables ni obligados a reparar», ellos «por si solos no van a tener capacidad económica para afrontar la reparación de su edificio». Desde el Gobierno regional 

no se ha prestad ayuda a las familias afectadas, y de hecho se niega a asumir la reparación.

Según la consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, tanto el Gobierno como el Ayuntamiento habrían ofrecido ayudas a los vecinos para acome-

ter la reparación del edificio pero éstos no las aceptan porque quieren que la Administración se haga cargo de la reparación total.

Sin embargo, «no podemos hacernos cargo del coste de la obra del arreglo estructural del edificio», ha sentenciado la consejera en un Pleno del Parlamento en respuesta a preguntas del PP sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo para dar una solución a estos vecinos que llevan cuatro años «viviendo una pesadilla» y habitando unas viviendas apuntaladas tras la aparición de grietas y caída de cascotes que ellos aseguran que 

aparecieron tras las obras de reparación del local del ICASS, dependiente del Gobierno.

De hecho, hay una primera sentencia judicial que da la razón a uno de los propietarios y reconoce que los problemas del interior de su vivienda pueden haber sido provocados por esas obras, pero otra resolución posterior «exonera al ICASS de toda responsabilidad» y apunta a que el edificio ya tenía problemas estructurales, ha aclarado la consejera.

«No está acreditada la relación de los desperfectos con la obra del punto de encuentro del ICASS», «por mucho que insista», ha respondido Gómez de Diego a la diputada ‘popular’ Isabel Urrutia, que ha criticado que el Gobierno no haya dado una solución a los vecinos de este edificio de viviendas de protección oficial que fueron entregadas a las familias en situación de vulnerabilidad hace 30 años, y habitadas a día de hoy en su mayoría por personas mayores.

Respecto a las ayudas, la propia consejera tuvo que rectificar días después de sus declaraciones y reconoció que estas ayudas no exsitían y que habría que abrir unas para que los afectados pudiersen optar a ellas.