El PP de Torrelavega acusa al PRC-PSOE de “ocultar” la nueva ordenanza de aparcamiento
El Partido Popular de Torrelavega ha expresado su rechazo frontal a la nueva ordenanza del Estacionamiento Regulado Activo (ERA) que impulsa el equipo de Gobierno PRC-PSOE. Según denunció este viernes en rueda de prensa el concejal popular Miguel Remón, la normativa pretende establecer restricciones adicionales al aparcamiento en la ciudad «sin disponer de un estudio técnico que lo avale» y sin haber sido consensuada con los grupos de la oposición.
Remón acusó directamente a la concejala de Movilidad y portavoz regionalista, Jezabel Tazón, de haber "ocultado" de manera reiterada los detalles de la ordenanza durante las sesiones de la Comisión Informativa, pese a que —según ha afirmado— desde el PP «hemos preguntado en casi todas las comisiones». El edil señaló que esta actitud «demuestra la habitual improvisación con la que trabaja el equipo de Gobierno PRC-PSOE» y lamentó que los grupos municipales se hayan enterado por la prensa del contenido del nuevo ERA.
Acusan a Tazón de "filtrar" a los medios sin informar a la oposición
El concejal popular fue especialmente crítico con el hecho de que, tras una comisión celebrada el pasado 23 de diciembre en la que "la concejala no dijo absolutamente nada sobre la ordenanza", solo unos días después «filtró una pincelada de lo que podía ser a los medios de comunicación». Remón denunció lo que considera un «nuevo episodio de ninguneo» hacia la oposición y lo enmarca en una política de «oscurantismo» y falta de transparencia del equipo PRC-PSOE.
Cuestionan el modelo propuesto y su falta de base técnica
Desde el PP de Torrelavega consideran que una ordenanza que regula el uso del espacio público para aparcar debe estar «sustentada por un informe técnico riguroso» que determine qué zonas deben tener alta, media o baja rotación, y si todas las plazas deben estar sometidas a restricciones temporales.
«Queremos saber si de verdad es necesario que todas las plazas sean de alta rotación o si cabe contemplar zonas con rotación intermedia o incluso plazas libres, especialmente en zonas que no tienen presión aparcamiento», ha señalado Remón.
En este sentido, ha recordado que la propia normativa municipal ya establece que un vehículo no puede permanecer estacionado más allá de un determinado tiempo en una misma plaza, so pena de ser retirado por la grúa municipal. Por tanto, el PP pide que se valore si es necesario un sistema más restrictivo o si basta con una aplicación razonada del actual.
Críticas al intento de regular los aparcamientos públicos gratuitos
Otro de los puntos que más preocupa al PP es la pretensión del equipo de Gobierno de regular también los aparcamientos en altura de La Carmencita y del Ferial, espacios que fueron ejecutados con financiación pública bajo el compromiso de ofrecer estacionamiento gratuito a los ciudadanos.
«Estamos hablando de espacios públicos construidos con dinero público, donde se prometió que el aparcamiento sería gratuito. No entendemos que ahora se quiera someter a un régimen regulado sin un análisis del impacto que eso va a tener, especialmente en el pequeño comercio y en los vecinos», ha advertido Remón.
El PP se muestra abierto al diálogo, pero exige garantías
Pese a su rechazo al modelo planteado, el grupo popular ha tendido la mano al diálogo y a la búsqueda de soluciones intermedias. Según Remón, el PP está dispuesto a estudiar fórmulas que compatibilicen la necesidad de rotación con la disponibilidad de plazas de estacionamiento de larga duración, pero siempre que exista un respaldo técnico y se respete el carácter gratuito de determinadas infraestructuras.
«No se puede regular a golpe de ocurrencia o sin escuchar a los sectores afectados. Estamos dispuestos a dialogar, pero con informes sobre la mesa y con transparencia», ha concluido el edil.
La propuesta de ordenanza, que todavía no ha sido presentada formalmente para su aprobación inicial, está generando un intenso debate político y ciudadano sobre el futuro del estacionamiento en la ciudad. Desde el PP advierten que seguirán vigilantes para evitar que, bajo el pretexto de mejorar la movilidad, se impongan restricciones que dificulten el acceso al centro urbano y perjudiquen a los vecinos y al comercio local.