López Estrada promueve la caza donde prevé un parque cuaternario familiar
Varias organizaciones rechazan la creación de un coto de caza en terrenos municipales de Torrelavega que coinciden con el proyecto del Parque del Cuaternario, por su incoherencia legal y urbanística
Cuatro organizaciones ecologistas y animalistas han mostrado su rechazo a la licitación, por parte del Ayuntamiento de Torrelavega, de un coto de caza privado en terrenos municipales ubicados en el barrio de La Montaña. Se trata de una zona que, según han advertido, coincide geográficamente con el espacio destinado a albergar el futuro Parque del Cuaternario, una iniciativa municipal financiada con fondos europeos cuyo objetivo es fomentar el ocio familiar vinculado a la naturaleza y la divulgación cultural.
Las entidades firmantes –ARCA, Ecologistas en Acción Cantabria, la Federación DEAN y Verdes Equo Cantabria– han emitido un comunicado conjunto en el que cuestionan la legalidad, coherencia urbanística y seguridad de la medida, alegando que el proyecto contraviene diversas normativas en vigor. Entre ellas, citan la Ley de Caza de Cantabria, que «obliga a priorizar la seguridad ciudadana y la conservación de la fauna», así como la Ley estatal de Patrimonio Natural y las directrices estatales sobre bienestar animal. A su juicio, la decisión del Ayuntamiento vulnera estos marcos legales y supone un cambio de postura institucional respecto a decisiones anteriores.
En ese sentido, las organizaciones recuerdan que el propio Consistorio rechazó públicamente, hace menos de dos años, un intento de crear un coto de caza en ese mismo espacio. En aquel momento, se alegó que la propuesta generaba «alarma social entre los vecinos», afectaba a «zonas urbanas pobladas» y presentaba «la imposibilidad de garantizar la protección de las personas y sus bienes». Las entidades cuestionan el giro actual en la política municipal, preguntándose: «¿Cómo puede pasar el Ayuntamiento de oponerse a un coto por los riesgos que supone para los vecinos a promover ahora uno en el mismo lugar?»
Según los colectivos, esta nueva licitación revela un «doble rasero institucional» que desprecia tanto a la ciudadanía como a los valores de seguridad, conservación ambiental y coherencia urbanística. La crítica se amplifica al coincidir la medida con la planificación de la llamada ‘Ruta del Cuaternario’, un proyecto ya presentado por el Ayuntamiento y que contempla la instalación de esculturas de animales prehistóricos a gran escala para fomentar las visitas familiares. Ambos usos del suelo –la actividad cinegética y la actividad cultural– se superpondrían en el mismo espacio físico, según los planos oficiales conocidos hasta la fecha.
La coexistencia de ambos proyectos en un mismo terreno obligaría, de facto, a cerrar la ruta cultural y natural durante las jornadas de batida, lo que, a juicio de las organizaciones, resulta incompatible con el espíritu de la iniciativa financiada con fondos europeos. «No tiene ningún sentido promocionar una ruta familiar dentro de un coto de caza», han manifestado, subrayando que «la contradicción es flagrante» desde un punto de vista legal y urbanístico.
En apoyo a su denuncia, los colectivos han indicado que los terrenos afectados se encuentran dentro de una zona clasificada como ‘Área de Protección Ecológico-Patrimonial del Pico de la Capía’, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrelavega aprobado en 2016. Esta clasificación, señalan, «expresamente prohíbe todo tipo de actividad cinegética», lo que convertiría la licitación en una actuación contraria al marco normativo vigente en el propio planeamiento municipal.
Además del contenido legal y ambiental, las organizaciones han criticado la escasa rentabilidad económica de la propuesta. Según figura en el pliego de condiciones, el arrendamiento del coto supondría un ingreso anual de apenas 446 euros. «No se puede gestionar el monte público de espaldas a la ciudadanía ni poner en peligro a senderistas, ciclistas o escolares por unos ingresos ridículos», han señalado. Para los colectivos, esta cifra no justifica el posible impacto negativo sobre el territorio, ni el riesgo derivado de una actividad cinegética en un entorno cercano a áreas urbanizadas y de uso recreativo.
Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes han exigido la retirada inmediata de la licitación y han instado al Ayuntamiento a abrir un proceso de diálogo «transparente» con asociaciones vecinales y sociales. En su opinión, se debe revisar el enfoque de la gestión del monte público, así como la compatibilidad de los usos proyectados en zonas de especial protección. Concluyen que la actual licitación representa «un atentado contra el sentido común, la participación democrática y la coherencia de las políticas públicas», y apelan a una rectificación por parte del equipo de gobierno municipal.