López Estrada aplica la ZBE sin activar el registro REVA, que es obligatorio

La asociación ciudadana Salvar Torrelavega de una ZBE ruinosa ha emitido recientemente una denuncia pública a través de sus canales en redes sociales en la que cuestiona diversos aspectos de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio cántabro de Torrelavega. Las declaraciones del colectivo se enmarcan en un contexto de creciente debate sobre la viabilidad, legalidad y oportunidad de este tipo de medidas, especialmente en ciudades afectadas por transformaciones urbanas complejas y con estructuras económicas sensibles a los cambios de movilidad.

Uno de los principales ejes de su denuncia es la falta de operatividad del Registro Estatal de Vehículos Afectados (REVA). Este fichero, gestionado por la Dirección General de Tráfico, permite a los conductores conocer si sus vehículos están autorizados o restringidos en las zonas de bajas emisiones de cualquier municipio. La asociación señala que este mecanismo aún no está activo en Torrelavega pese a que ya se han instalado las cámaras automáticas destinadas a controlar el acceso a la ZBE.

Según denuncian, la ausencia del REVA deja sin garantías mínimas a los ciudadanos. En sus palabras: «Es indignante que, a estas alturas, el fichero REVA siga sin estar operativo. Una herramienta esencial para una gestión justa y transparente de la Zona de Bajas Emisiones brilla por su ausencia». La entidad considera que esta omisión vulnera derechos fundamentales como el acceso a la información y la posibilidad de defensa frente a sanciones, pilares básicos de cualquier procedimiento administrativo sancionador.

En su argumentación, el colectivo añade que no se trata únicamente de una omisión técnica, sino de una práctica que, en su opinión, refleja una actitud institucional problemática: «No es solo dejadez, es un desprecio absoluto a la ciudadanía por parte de nuestros políticos del PRC y del PSOE. Implantan restricciones que afectan a miles de personas sin ofrecer garantías mínimas de información ni defensa». La denuncia subraya que la aplicación de medidas restrictivas sin las infraestructuras legales completas puede tener consecuencias directas sobre la población sin que exista una vía clara para ejercer recursos o alegaciones.

Otro punto destacado es la señalización de las cámaras de control automático. La asociación sostiene que el Ayuntamiento tardó cuatro meses en instalar la cartelería obligatoria que debe advertir a los ciudadanos sobre la existencia de cámaras con fines sancionadores. Esta señalización es un requisito legal previo a la imposición de multas.

Desde la asociación afirman que la administración local solo actuó tras una denuncia interpuesta por ciudadanos ante la Agencia Española de Protección de Datos: «Han tenido que pasar cuatro largos meses para que el Ayuntamiento del PRC-PSOE colocara por fin la señalización obligatoria que advierte de las cámaras multadoras de la ZBE. ¿Y por qué lo han hecho ahora? Porque los ciudadanos les hemos denunciado».

La instalación de cámaras sin cumplir este requisito —señalan— podría comprometer la validez jurídica de las sanciones. A esto se suma que, durante ese tiempo, el gobierno local aseguró en sus comunicaciones oficiales que el sistema cumplía con todos los requisitos normativos. Frente a estas afirmaciones, la asociación responde: «Mientras nos decían que todo era legal, que todo estaba bien… mentían. Instalaron cámaras sin advertirnos, sin cumplir la ley, y aún así nos querían ya multar».

En el comunicado, también se contextualiza la situación actual de Torrelavega en términos económicos y urbanísticos. Desde la asociación se alerta del posible impacto de las sanciones económicas sobre la ciudadanía en un momento en el que el tejido comercial, la hostelería y los profesionales autónomos enfrentan un escenario de vulnerabilidad, acentuado por las obras del soterramiento de la línea FEVE. La ejecución de estas obras ha supuesto restricciones de paso, alteraciones del tráfico y afecciones directas al acceso al centro urbano, lo que según el colectivo, agrava los efectos de las medidas de la ZBE.

En base a todo lo anterior, la asociación ha formulado una petición concreta: que se suspendan temporalmente las sanciones hasta que las obras de FEVE hayan finalizado y se hayan implementado de forma completa y legal todas las herramientas necesarias, incluyendo el REVA y la señalización pertinente. Lo expresan así: «Aún están a tiempo. Tienen en su mano suspender las multas de la ZBE hasta que terminen las obras de FEVE, aplicando una moratoria. Es de sentido común… si es que aún les queda algo de respeto por Torrelavega y su gente».

En la parte final del comunicado, la asociación refuerza su mensaje con un llamamiento a la ciudadanía para mantener una postura activa, crítica y vigilante frente a la implementación de medidas que, en su opinión, pueden tener un fuerte impacto si no se ejecutan bajo criterios de legalidad, equidad y planificación. Bajo esta línea, concluyen su intervención pública con un mensaje dirigido directamente a los vecinos de Torrelavega: «¡Vecinos, no bajemos la cabeza! Nos quieren callados, pero estamos más despiertos que nunca».