La Asamblea en defensa de Las Excavadas ha anunciado que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido a trámite el recurso que presentó contra la resolución emitida hace un año por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio negando la caducidad y la nulidad del procedimiento para seguir adelante con el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) declarado en estos terrenos.

La Asamblea pidió al Gobierno regional dar por finalizado formalmente el PSIR de Las Excavadas para construir un polígono señalando que el procedimiento había caducado y que por tanto debía ser anulado y archivado, aunque por parte de la Dirección General de Urbanismo se negó. Ahora, el colectivo ha celebrado que la Justicia haya admitido a trámite su recurso contra la resolución que negaba la caducidad del proyecto aprovechando que en esta campaña electoral, «aunque tímidamente, algún partido ha vuelto a hablar del Polígono de Las Excavadas».

«Estamos en campaña y es época de anuncios grandilocuentes, grandes proyectos se vislumbran y las promesas se suceden unas detrás de otras. A veces, a falta de imaginación, se ponen encima de la mesa antiguos proyectos para que todo parezca más espectacular», ha lamentado la Asamblea en un comunicado.

Por ello, ve «tan miserable como falsa» la utilización de este proyecto en campaña, ya que sostiene que «el proceso es nulo de pleno derecho y está caducado».

Según señala, la normativa indica que, tras haber pasado 15 meses desde la publicación del anuncio de dictado de resolución por la que se formulaba el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico -en diciembre de 2020-, «procede su caducidad y, por consiguiente, el archivo del procedimiento de evaluación ambiental». Además, el promotor, en este caso la empresa pública Sican, debería haber realizado ya información pública y las consultas.

«Lo más grave es que tengamos que acudir a los juzgados para que la Administración cumpla la ley después de que por parte del director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio se emitiera un informe en claro fraude de ley, negando hechos tan objetivos y poco discutibles como un plazo de tramitación», ha lamentado la Asamblea, advirtiendo que exigirá responsabilidades por ello.