En un veredicto que no solo afecta a los trabajadores de Sniace sino que también sienta un precedente relevante en el ámbito legal regional, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España emitió una sentencia que ha conmocionado a la comunidad económica de Cantabria. Esta histórica decisión implica un aumento sustancial en las indemnizaciones para los trabajadores afectados por el cierre de Sniace, cuya antigua planta en Torrelavega fue testigo de la producción de celulosa durante décadas.

La sentencia, proferida el 21 de enero de 2024, establece un nuevo criterio para calcular las compensaciones que deben recibir los trabajadores en procesos concursales. Según el fallo, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) deberá tomar como referencia la fecha en que la administración concursal emite el certificado de deuda, una vez iniciada la fase de liquidación de la empresa, en lugar de la fecha en que la empresa notificó el despido de los trabajadores.

Esta determinación tiene un impacto significativo en las indemnizaciones, ya que el módulo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) utilizado para el cálculo será el correspondiente al año 2020, cuando Sniace entró en liquidación. Como resultado, los trabajadores que han apelado verán un aumento del 47% en sus indemnizaciones, un alivio bienvenido después de años de incertidumbre económica.

La sentencia del Tribunal Supremo establece un precedente legal crucial en Cantabria y podría tener ramificaciones en otros casos de procesos concursales en la región. Los representantes sindicales de los trabajadores de Sniace han expresado su satisfacción por la decisión y esperan que esta sentencia abra la puerta para que otros afiliados reciban indemnizaciones justas.

Sin embargo, la noticia también arroja una sombra de preocupación, ya que más de 500 trabajadores de Sniace no podrán beneficiarse de esta sentencia debido a un asesoramiento sindical y jurídico que, según alegaciones, fue incorrecto. Esto significa que estos trabajadores, que han esperado durante años una compensación justa por la pérdida de sus empleos, no tendrán acceso a más de 2 millones de euros en indemnizaciones.

Esta sentencia del Tribunal Supremo ha captado la atención tanto de la comunidad empresarial como de la sociedad civil en Cantabria. Marca un cambio significativo en la forma en que se calculan las indemnizaciones en procesos concursales, ofreciendo un rayo de esperanza a los trabajadores afectados mientras plantea cuestiones sobre la asesoría legal previa que merecerán una reflexión más profunda en los días venideros.