ACPT ha denunciado que la gestión de la concejala de Bienestar Social de Torrelavega, Laura Romano (PSOE), obligará al Ayuntamiento a devolver 175.000 euros «por no haber ejecutado correctamente en el año 2021 distintos programas de ayudas», aunque ella ha asegurado que «se han tramitado todas y cada una de las solicitudes presentadas».

En concreto, ACPT ha señalado en un comunicado que ha tenido conocimiento de que este año el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) abonará al Ayuntamiento 174.573 euros menos por no haberlos gastado en tres programas: 126.000 euros del fondo extraordinario de suministros básicos, 38.573 euros de personal y 10.000 euros del programa de ayuda a domicilio. Por ello, ha pedido la «inmediata dimisión» de Romano a raíz de esta «negligencia» y ha lamentado que «no es la primera vez que el Ayuntamiento de Torrelavega debe devolver dinero a otras administraciones por una mala gestión de los programas». Por el contrario, la concejala ha respondido en otro comunicado que, tras realizar las pertinentes comprobaciones, se ha detectado que los datos aportados por el Ayuntamiento «no coinciden con los datos del ICASS», por lo que se habría puesto en contacto con esta entidad para aclarar esta circunstancia.

Según ha explicado, en el año 2021 el Consistorio ha puesto a disposición de los ciudadanos 374.400 euros, de los que 312.000 eran aportados por del ICASS a través del convenio que se suscribe anualmente con el Ayuntamiento. Romano ha incidido en que «durante todo el año dichas ayudas estuvieron disponibles para aquellos vecinos que así lo precisaran, siempre y cuando cumplieran los requisitos de las mismas», y ha asegurado que se han tramitado todas las solicitudes presentadas, concediéndose 235 ayudas por un importe de 223.516 euros. La edil ha explicado que este recurso subvencionado por el ICASS está destinado a cubrir aquellas situaciones de especial necesidad y de emergencia social, cubriendo gastos de alimentación, ropa, pago de deudas en suministros, etcétera. Ante las críticas de ACPT, la socialista ha pedido «informarse antes de verter ciertas informaciones a la opinión pública, que lo único que hacen es poner en tela de juicio la labor realizada por los técnicos municipales, intentando utilizar a los más vulnerables, desprestigiando y creando desconfianza, lo que puede hacer que los ciudadanos con necesidades no acudan a los servicios sociales que siempre ha sido nuestra prioridad».

Ha considerado también que los servicios sociales de Torrelavega «no pueden ser el campo de batalla en donde la oposición quiera sacar rédito político», y ha mandado un mensaje de apoyo a las personas que componen la plantilla de este área, ya que, «aunque a algunos les duela, son quienes comparten cada día las dificultades de los vecinos más desfavorecidos de la ciudad, además de aportarles las correspondientes soluciones».