García Corona exige a López Estrada que diga “no” al reparto de MENAS impulsado por el Ejecutivo central
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Torrelavega ha anunciado este miércoles la presentación de una moción plenaria con la que pretende mostrar su rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados (conocidos como MENA) promovido por el Gobierno de España, que contempla el traslado de 156 menores a Cantabria.
Según el portavoz de la formación, Roberto García Corona, esta medida podría suponer la llegada de algunos de estos menores a Torrelavega sin una planificación adecuada por parte de las administraciones competentes. En ese sentido, ha denunciado la falta de coordinación, recursos y previsión, y ha advertido de los riesgos que podría conllevar una acogida mal organizada.
"El Gobierno de España está trasladando un problema en la gestión de fronteras abiertas a una ciudad con servicios municipales saturados", ha asegurado el edil, quien ha lamentado que “no existe diagnóstico previo ni una coordinación entre instituciones que garantice una integración real y segura”.
Desde Vox se insiste en que Torrelavega atraviesa una situación compleja en materia de servicios sociales y recursos públicos, y que asumir este nuevo reto sin garantías ni consulta previa a los vecinos supone una carga adicional injusta.
Llamamiento al alcalde y a otras administraciones
En su moción, Vox instará al alcalde, Javier López Estrada (PRC), a que rechace formalmente el reparto impulsado desde el Ministerio y que solicite el retorno de los menores migrantes junto a sus familias en sus países de origen. Asimismo, se pide que esta postura se traslade de forma oficial al resto de administraciones implicadas, tanto autonómicas como estatales.
"Es razonable exigir que no se deriven a nuestro municipio los problemas que generan las políticas del Gobierno de España", subraya García Corona. En su opinión, esta decisión debe tomarse desde el sentido común, la evaluación objetiva de los recursos disponibles y la consulta vecinal, dejando de lado, afirma, cualquier sesgo político o ideológico.
"No imponer sin escuchar"
Finalmente, desde Vox se reitera la necesidad de abordar este tipo de decisiones con transparencia, debate y participación ciudadana, y se rechaza lo que consideran una “imposición por parte del Ejecutivo central”, que no tiene en cuenta la capacidad real de los municipios ni sus particularidades sociales.
"Confiamos en que el conjunto de la corporación municipal sepa estar a la altura y defienda los intereses generales de los vecinos", concluye el portavoz.