Te bloquean por opinar: denuncian censuras por parte del Ayuntamiento de Torrelavega

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Torrelavega ha dejado de ser un simple asunto de ordenación urbana o sostenibilidad ambiental para convertirse, en los últimos días, en el epicentro de una polémica ciudadana y política sin precedentes recientes en la capital del Besaya. Más allá de las restricciones de circulación o los criterios técnicos, lo que ha encendido la mecha del descontento ha sido una acusación reiterada por distintos colectivos: la censura digital ejercida desde cuentas institucionales contra quienes cuestionan la medida.

Diversos usuarios han denunciado públicamente que, tras criticar la ZBE Torrelavega en los perfiles municipales o en páginas asociadas al equipo de gobierno, sus comentarios han sido borrados, y sus cuentas, bloqueadas o restringidas, vulnerando lo que consideran un espacio público digital financiado con recursos municipales.

Las acusaciones se concentran en los canales oficiales vinculados al Ayuntamiento, gestionados bajo la coalición PRC-PSOE, actualmente en el poder. La gestión digital de la disidencia ciudadana está siendo percibida por muchos no como moderación legítima, sino como una estrategia de silenciamiento político, una forma de “represión 2.0” que, según afirman diversas voces, pone en riesgo los principios básicos de participación democrática.

ZBE Torrelavega: una medida sin consenso

La ZBE de Torrelavega, anunciada como respuesta a las exigencias europeas en materia de sostenibilidad urbana, afecta directamente al acceso de vehículos contaminantes al centro urbano. Aunque se trata de una directiva de obligado cumplimiento para ciudades de más de 50.000 habitantes, su aplicación concreta en la ciudad ha generado críticas por su falta de consenso previo, escasa participación vecinal y una comunicación institucional considerada opaca.

Numerosos comerciantes del centro, hosteleros y vecinos denuncian que no han sido informados adecuadamente, y que las decisiones se han tomado con prisas, sin estudios de impacto económico actualizados ni procesos reales de deliberación ciudadana.

En este contexto ha emergido con fuerza la Plataforma Salvar Torrelavega, integrada por ciudadanos de diferentes perfiles ideológicos y sectores profesionales, que ha canalizado gran parte del descontento. La plataforma ha denunciado no solo la falta de transparencia, sino también el uso partidista de los canales oficiales para acallar la crítica, lo que califican como “un retroceso intolerable en la calidad democrática local”.

Silenciar no es gobernar: crítica y gobernanza en conflicto

Los hechos recientes plantean un debate más profundo: ¿Dónde termina la gestión institucional y dónde comienza la censura? En un escenario donde la política municipal se juega también en las redes, las decisiones sobre qué comentario permanece y cuál desaparece no son triviales. Afectan al equilibrio entre gobernabilidad y pluralidad, y pueden erosionar la confianza institucional si no se gestionan con la transparencia exigida en un sistema democrático.

La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como la jurisprudencia reciente sobre la naturaleza pública de las redes sociales institucionales, dejan claro que las cuentas oficiales no pueden ser usadas como espacios de comunicación partidista, y que el bloqueo arbitrario de ciudadanos constituye una infracción de sus derechos fundamentales.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, no ha habido hasta el momento una respuesta formal clara ante las acusaciones. Silencio administrativo que muchos interpretan como una forma más de desatención institucional hacia el ciudadano crítico.