El Ayuntamiento se impone y la ZBE sigue "asfixiando" Torrelavega
La plataforma ciudadana Salvar Torrelavega ha advertido de que las recientes sentencias judiciales sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) suponen “un mazazo enorme para la economía local y para el futuro de la ciudad”. Así lo ha asegurado su presidente, Ángel Herreros, tras conocerse dos resoluciones que avalan la actuación del Ayuntamiento de Torrelavega en la implantación de esta medida.
Aunque la plataforma reconoce que aún está analizando el contenido íntegro de las sentencias, considera que ambas resoluciones respaldan una ZBE mal diseñada, agresiva y con claro afán recaudatorio, que ya está teniendo consecuencias directas sobre miles de vecinos y sobre el tejido económico y comercial de la ciudad. Según Salvar Torrelavega, la limitación del acceso al centro urbano afectará a más de 200.000 potenciales clientes procedentes de municipios colindantes, que podrían optar por acudir a centros comerciales del entorno en lugar de consumir en el comercio local.
Las sentencias desestiman los recursos presentados contra la ordenanza municipal de la ZBE y dan por válida la actuación del Consistorio, cerrando así la vía judicial iniciada por la plataforma. Un respaldo legal que, a juicio del colectivo, no elimina los efectos sociales y económicos negativos que la ZBE está provocando y seguirá provocando en Torrelavega.
Ángel Herreros ha señalado que la plataforma “acata pero no comparte en absoluto” estas resoluciones judiciales y ha defendido que “que algo sea legal no significa que sea justo ni beneficioso para una ciudad como Torrelavega”. En este sentido, ha insistido en que la ZBE está perjudicando especialmente a pequeños y medianos comerciantes, hosteleros, autónomos y familias vulnerables, que no pueden asumir el coste de cambiar de vehículo o afrontar sanciones continuas.
Desde Salvar Torrelavega también se denuncia la falta de consenso ciudadano y de diálogo en la implantación de la ZBE. Herreros ha acusado al Ayuntamiento de actuar con “oscurantismo” y de ignorar las alternativas y propuestas técnicas planteadas por la plataforma para compatibilizar la mejora ambiental con la protección de la actividad económica.
El colectivo recuerda que durante meses presentó soluciones graduales para minimizar el impacto en el comercio y la movilidad, todas ellas rechazadas. “Hoy la Justicia avala una ZBE rígida y recaudatoria, pensada más para multar que para mejorar la calidad de vida”, ha afirmado su presidente.
Pese al revés judicial, la plataforma ha anunciado que no recurrirá las sentencias, al considerar que el Ayuntamiento dispone de recursos económicos muy superiores. No obstante, Salvar Torrelavega asegura que seguirá activa, vigilante y denunciando los efectos reales de la ZBE en la calle, en los comercios que cierran y en las familias más afectadas, insistiendo en que la batalla es también social y política.