El Ayuntamiento de Torrelavega consignará en las próximas semanas los 1,8 millones de euros del justiprecio sobre la expropiación del complejo deportivo Óscar Freire y la franja de terrenos conocida como ‘El Patatal’, a la espera de que el Juzgado resuelva el contencioso con Sniace. Esta cantidad es la valoración municipal de los terrenos que el Ayuntamiento quiere expropiar, cantidad sobre la que Torrelavega no renuncia a detraer las inversiones municipales y regionales realizadas en estos solares desde 1999, entre ellas la mejora de los viales exteriores y el complejo deportivo.

La decisión de consignar en el Juzgado esta cantidad fue comunicada por el alcalde, Javier López Estrada, durante la última Junta de Portavoces, como forma de avanzar en la expropiación de los terrenos y que este proceso no se vea interferido por el proceso de liquidación que está en marcha en la empresa Sniace. Fuentes municipales han explicado a Efe que todavía se están valorando las inversiones realizadas por otras administraciones en las fincas de Sniace, en especial las del Gobierno de Cantabria en el complejo Óscar Freire y en los viales anexos, que también deberían ser descontadas de los 1,8 millones del justiprecio.

El proceso expropiatorio de los terrenos de Sniace por parte del Ayuntamiento se inició a mediados de la pasada legislatura, en base al interés general de esta operación desde que el Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega de 1984 calificó la zona como sistema general de uso libre con el nombre de Parque de Las Tablas.

En conjunto, los terrenos a expropiar se agrupan en cuatro fincas, que suman un total de 141.626 metros cuadrados, y según un acuerdo plenario adoptado en 2017 la expropiación tiene como objetivo destinar estos solares a acoger actividades deportivas y de ocio para los vecinos de Torrelavega.

El pleno de Torrelavega aprobó de forma definitiva en febrero de 2018 al expediente de expropiación forzosa de las parcelas que ocupan el Óscar Freire y ‘El Patatal’. Sniace recurrió a los tribunales la decisión de expropiar los terrenos y la valoración municipal de las fincas, aunque tras varias sentencias y recursos a finales de 2019 la empresa comunicó al Juzgado que desistió de seguir recurriendo la decisión plenaria, aunque el expediente no avanzó porque poco después se anunciaban la liquidación de la compañía.