El desvarío de Iglesias en TVE: pide esposar y encarcelar a periodistas críticos
Pablo Iglesias volvió a situarse esta semana en el centro de la polémica tras utilizar un espacio de Televisión Española para pedir abiertamente que periodistas críticos con el poder sean «esposados y encarcelados». No se trató de una metáfora ni de una hipérbole retórica, sino de una afirmación explícita pronunciada desde un plató de la radiotelevisión pública.
El exvicepresidente del Gobierno calificó a varios profesionales de la información como «agresores fascistas», atribuyéndose implícitamente la capacidad de decidir quién merece ejercer el periodismo y quién debe ser privado de libertad. Todo ello, además, desde un medio sostenido con fondos públicos y sujeto —al menos sobre el papel— a los principios de pluralismo y neutralidad.
La criminalización del periodismo incómodo
Las palabras de Iglesias no se producen en el vacío. Se insertan en una estrategia discursiva que busca deslegitimar a la prensa independiente cuando esta fiscaliza al poder político. El periodista deja de ser un intermediario incómodo para convertirse, según este planteamiento, en un enemigo a neutralizar.
Este esquema —señalar, deshumanizar y justificar la represión— es bien conocido en la historia política contemporánea. Ha sido utilizado por regímenes autoritarios de distinto signo ideológico para acallar la disidencia, siempre en nombre de una supuesta causa superior: el pueblo, la revolución o la moral pública.
Un discurso que recuerda a regímenes comunistas
La apelación al encarcelamiento de periodistas críticos evoca prácticas habituales en regímenes comunistas y sistemas de partido único, donde la libertad de prensa es concebida como una amenaza y no como un pilar del orden constitucional. En esos contextos, informar fuera del relato oficial se considera una forma de agresión política.
La reflexión de fondo es inevitable: cuando un dirigente propone esposar a periodistas, no está defendiendo la democracia, sino cuestionando uno de sus fundamentos esenciales. La prensa libre no existe para agradar al poder, sino para vigilarlo.
Silencios y responsabilidades institucionales
Hasta el momento, ni RTVE ni el Gobierno han ofrecido explicaciones claras sobre el uso de un medio público para la difusión de mensajes que chocan frontalmente con los valores constitucionales. Tampoco se ha aclarado si este tipo de declaraciones encajan en el mandato marco que regula la función de la radiotelevisión estatal.
La ausencia de reacción institucional alimenta una inquietud creciente: cuando el poder tolera —o amplifica— discursos contra la libertad de prensa, el problema deja de ser retórico y pasa a ser estructural.
Informar no es un delito
En una democracia madura, el periodismo crítico no se persigue, se protege. Convertir al informador en delincuente es un síntoma inequívoco de deriva autoritaria, venga envuelta en retórica progresista o en consignas ideológicas.
La pregunta final no es retórica, sino cívica: ¿qué sociedad acepta que desde una televisión pública se pida cárcel para periodistas? La respuesta define el estado real de la democracia.