Antonio David Flores demanda a Sálvame y La Familia de la Tele por casi seis millones de euros

El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha admitido a trámite una demanda presentada por Antonio David Flores contra diversos responsables y colaboradores vinculados a la cadena de televisión Mediaset España. La acción judicial, calificada como una macrodemanda por su dimensión económica y número de personas implicadas, exige una compensación económica cercana a los seis millones de euros en concepto de daños al honor y a la imagen pública del demandante.

La iniciativa legal está directamente relacionada con los contenidos emitidos en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, producción televisiva protagonizada por Rocío Carrasco, exesposa de Antonio David Flores. En dicho espacio, Carrasco relató experiencias personales que incluían referencias directas al comportamiento de su exmarido. A raíz de la emisión de este contenido, se generó una intensa controversia mediática que culminó con la desvinculación profesional de Flores del grupo Mediaset en 2021. Desde entonces, el exguardia civil ha permanecido alejado de los medios de comunicación y del foco público.

Según ha confirmado el medio 20minutos, la demanda solicita una indemnización por valor de 5,67 millones de euros. Entre los demandados figuran rostros conocidos del panorama televisivo español, como Jorge Javier Vázquez, María Patiño, Kiko Hernández y Belén Esteban. Asimismo, incluye a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, creadores del extinto programa Sálvame y responsables del nuevo formato televisivo La Familia de la Tele, que tiene previsto su estreno en La 1 este mismo lunes 5 de mayo.

El programa mencionado, que llega a la televisión tras varios aplazamientos —entre ellos, el fallecimiento del Papa Francisco y un apagón eléctrico registrado el 28 de abril— se ve así envuelto en un conflicto judicial antes incluso de su debut oficial. Esta circunstancia proyecta una sombra mediática sobre su emisión y sobre el futuro del formato.

Antonio David Flores, que actualmente reside en Málaga, cumple de este modo su promesa de iniciar acciones judiciales tras lo que él ha calificado como “un juicio paralelo” en los medios de comunicación. Su salida de la televisión en 2021 supuso también su exclusión del circuito habitual de colaboraciones televisivas, contratos publicitarios y entrevistas en platós. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, con escasas apariciones públicas y con nula presencia profesional en los medios.

Uno de los pocos momentos en que su nombre ha vuelto al debate público fue con motivo de su reciente cumpleaños. El pasado 24 de abril, Antonio David Flores cumplió 50 años. El único contenido difundido al respecto provino de su hija, Rocío Flores, quien le dedicó un mensaje de felicitación en redes sociales. En el texto, compartido por miles de usuarios, la influencer expresó:
"Hoy cumple años uno de los pilares de mi vida, una de mis personas favoritas. [...] Feliz 49+1, jefe. Te amamos"

Este mensaje reforzó la percepción pública de la cercanía entre padre e hija, vínculo que se ha mantenido incluso durante los momentos más mediáticos y judicializados que han atravesado ambos.

Más allá de esta muestra familiar, la trayectoria de Antonio David Flores ha permanecido detenida desde que se emitió el documental. No ha sido contratado por otros canales de televisión ni ha retomado una carrera como tertuliano o comentarista. Tampoco ha protagonizado campañas publicitarias ni ha aparecido en eventos públicos de repercusión mediática.

El último episodio mediático significativo en el que estuvo implicado fue su relación con la reportera Marta Riesco, con quien mantuvo una relación sentimental tras su separación de Olga Moreno. Esa relación también terminó en medio de desacuerdos públicos y declaraciones cruzadas, tal como confirmó recientemente la propia Riesco en declaraciones públicas: "Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida"

La macrodemanda presentada ahora marca un nuevo capítulo en el conflicto entre el excolaborador de televisión y los grupos mediáticos responsables de la difusión de contenidos que, a su juicio, vulneraron su honor y su reputación. El proceso judicial recién iniciado podría prolongarse en el tiempo, dado el número de partes implicadas y la cuantía económica que se reclama.