El titular del Juzgado e Instrucción número 4 de Santander ha acordado incoar diligencias previas contra la expresidenta y extesorero de la Junta Vecinal de Escobedo de Camargo tras una denuncia de la Fiscalía de Cantabria por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos mediante pagos presuntamente "irregulares" al club de fútbol local.

Así, a instancias del ministerio público, el magistrado les cita a declarar como investigados la última semana de este mes, según el auto judicial dictado a finales de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press.

Las actuaciones se inician a petición del fiscal, tras hechos trasladados por los actuales dirigentes de la pedanía, contra la anterior presidenta y tesorero, también presidente de la Unión Montañesa Escobedo, club al que se habrían transferido más de 177.000 euros en 15 disposiciones, de 300 a 5.200 euros, entre 2007 y 2019.

En la denuncia, consultada por esta agencia, se pone de manifiesto que trata de una cantidad "muy elevada" con cargo a los presupuestos de la Junta Vecinal, y de pagos realizados además de forma "directa" en favor de una entidad "dirigida por una persona vinculada a la propia Junta".

Y aunque los mismos se calificaron como "subvenciones", en las actas de las reuniones solo constan "acuerdos expresos" aprobando cuantías en favor de la Unión Montañesa en dos ocasiones y por 4.000 euros. Tampoco se aprecia "otro tipo de acuerdo, resolución o expediente administrativo para su concesión o posterior control, ni una fiscalización del destino dado a tales pagos".

De la documentación remitida al Juzgado se desprende que la expresidenta de la entidad local admitió los pagos durante su mandato y los justificó en un convenio firmado en 2007 con una empresa para la explotación de una cantera, rúbrica condicionada a que esta sociedad abonase a la Junta más de 18.000 euros anuales para su posterior entrega al club de fútbol.

Extremo este último que habría sido corroborado en las diligencias practicadas hasta ahora por el presidente del equipo y receptor del dinero, quien explicó asimismo que los importes "pequeños" se correspondían con "pagos puntuales" para la compra de material deportivo u organización de eventos.

Pero "la documentación desmiente las afirmaciones de la denunciada (la presidenta de la Junta Vecinal) y del escrito de la Unión Montañesa Escobedo", se señala en la denuncia, en la que se pone de manifiesto que "no existe ningún convenio en los términos expuestos que justifique dichas disposiciones".

A continuación se incide en que el convenio firmado por la Junta Vecinal con la empresa en cuestión "no incluía pago alguno para el equipo de fútbol". Así, "cualquier subvención o pago hecho al mismo hubo de ser acordado y sufragado" por la entidad local. Y se añade además que el convenio para la explotación de la cantera quedó "sin efecto" en el momento en que fue expropiada, concretamente en 2013.

A todo lo anterior se agrega la contabilización por parte de la Junta Vecinal de un gasto de 2.895 euros justo al acabar el mandato de la presidenta denunciada, anotado como un viaje de la entidad futbolística y que "podría considerarse una forma indirecta de desviar fondos" al club, y que "al igual que los anteriores tampoco está expresamente aprobado".

GRAVE IRREGULARIDAD POR PAGOS DIRECTOS

Con todo, se concluye que "se ha producido una grave irregularidad" en torno a los pagos realizados por la Junta Vecinal de Escobedo al club de fútbol y que "dudosamente pueden calificarse de subvenciones, sino más bien pagos directos con cargo a fondos públicos carentes de cualquier expediente, autorización o control, y realizados en favor de una entidad como la Unión Montañesa Escobedo cuyo presidente, además, se hallaría vinculado políticamente a la propia Junta".

La Fiscalía imputa estos hechos a la presidenta de la Junta Vecinal de Escobedo de Camargo entre 2015 y 2019 por disponer durante su mandato de 41.000 en base a una "inexistente subvención" y los citados 2.895 euros por un viaje del club deportivo ese último año.

Considera igualmente que sería imputable el entonces tesorero de la pedanía y presidente de la Unión Montañesa, que estaba "aparentemente concertado con la anterior" y por "ser receptor de tales pagos, desconociéndose el destino final dado por el mismo a tales cantidades".

Todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad penal de otras personas que hubieran ordenado o recibido diferentes disposiciones a lo largo del tiempo y para lo que el fiscal interesa la práctica de distintas diligencias acordadas ahora por el juez.