23.05.2024 |
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Detenidas 18 personas tras estafar a 137 víctimas a través de microcréditos

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, expone, en la Comandancia de Segovia, la operación. / GC
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, expone, en la Comandancia de Segovia, la operación. / GC
Detenidas 18 personas tras estafar a 137 víctimas a través de microcréditos

La Guardia Civil ha desarticulado en Segovia y Madrid una organización que ha estafado a 137 personas a través de microcréditos de diferentes entidades financieras.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha expuesto esta mañana en la Comandancia de Segovia los resultados de este operativo que ha concluido con la detención de 18 personas.

Los delitos cometidos son estafa, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y fabricación, y posesión de programas informáticos destinados a cometer estafas.

De estas dieciocho personas, cuatro de ellas ocupaban un rol relevante dentro de la organización criminal y las otras catorce tenían la función de intermediarios o 'mulas'.

La organización hizo uso de un más de un centenar de tarjetas bancarias diferentes y consiguió un beneficio directo de 87.000 euros en la solicitud de microcréditos con diversas entidades financieras.

DATOS SUSTRAÍDOS CON PROGRAMAS INFORMÁTICOS. Gámez ha desvelado que el 'modus operandi' consistía en la realización de compras y créditos a través de internet, realizando los pagos por medio de las tarjetas de crédito de terceras personas, a las que les habían sustraído los datos por medio de programas informáticos.

Según ha detallado la directora general de la Guardia Civil, esta organización captaba a personas para solicitar créditos en entidades financieras que operan por internet. Estos créditos debían de ser de bajo importe -entre 400 y 800 euros- para que fuesen aprobados por esta entidad de forma rápida.

Una vez que los préstamos eran concedidos y el dinero ingresado, los detenidos traspasaban el dinero a las cuentas de 'mulas' controladas por los cabecillas de la organización en España. Posteriormente, remitían parte del dinero al resto de componentes asentados en la República Dominicana. Empleaban para ello, empresas de envío de dinero, no dejando rastro fiscal en España.

Los cabecillas empleaban un negocio familiar para blanquearlo, facturando estas cantidades en el sector servicios y así normalizar los ingresos procedentes de los diferentes ilícitos penales cometidos.

Cuando la tarjeta bancaria era bloqueada por la entidad financiera, la organización no hacía efectivo el pago de la deuda, por lo que se producía un doble perjuicio económico, primero al titular de la tarjeta y posteriormente a las entidades financieras.

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