La Fiscalía de Cantabria ha solicitado penas de cárcel que oscilan entre los tres y los ocho años para los diez acusados de formar parte de una red de tráfico de drogas, que también introducían en el centro penitenciario El Dueso de Santoña, y que serán juzgados la semana del 17 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

El ministerio público les considera autores de delitos contra la salud pública -de sustancias que causan grave daño y que no lo provocan también- y otro de pertenencia a grupo criminal, según su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.

A los procesados por tráfico de droga les pide siete años de prisión, y para los que implicados por sustancias que no causan grave daño, las penas oscilan entre los cuatro y los dos años. Y un año más por la pertenencia a organización criminal.

Además, reclama multas que van desde los 60.000 euros al cabecilla de la organización y a otro procesado hasta los 2.000, aunque para la mitad de ellos la cuantía exigida es de 10.000 euros.

FUNCIONAMIENTO DE LA RED

De acuerdo con la calificación provisional del fiscal, consultada por esta agencia, el principal imputado organizó una red de personas que bajo la forma de grupo y las órdenes suyas han venido dedicándose al tráfico de drogas.

Entre los integrantes se encuentra el considerado "lugarteniente" del jefe, con el que compartía como "pantalla laboral" una nave en la localidad de Mar, en el municipio de Polanco, y que se encargaba de viajar al sur de España para transportar la droga hasta Cantabria.

Dentro de la red de distribuidores tenía protagonismo un procesado -condenado por un juzgado francés a cinco años de cárcel por tráfico de drogas-, por reunirse periódicamente con el líder de la trama para proveerse o abonar deudas de droga pendientes.

En la agrupación también participaban dos incriminados más desde el pub que uno de ellos tenía en Val de San Vicente y en el que el otro trabajaba como empleado.

El cabecilla organizó a través de otros dos integrantes -una mujer y un hombre- una red de distribuidores en el interior de El Dueso. La implicada, esposa de otro encausado que estaba encarcelado, proporcionaba droga a su compinche, que se encargaba de introducirla en el interior de la prisión, ya que tenía "facilidad" de acceso por ser empleado de una empresa externa que trabajaba para el centro.

INCAUTACIONES

Una vez dentro, era vendida por dos internos, el marido de la citada mujer y otro reo. Este último, en febrero de 2018 y debido a un permiso penitenciario, concertó una cita por teléfono con la procesada en la cafetería de Renedo en la que trabajaba, para entregarle una partida de hachís y cocaína que ella debía dar posteriormente a otro integrante de la red.

Así, al día siguiente, ese acusado fue al local hostelero y entregó a la mujer la droga, que guardó en un coche. El 2 de marzo llamó al destinatario del paquete para que fuera a recogerla, y cuando acudió se la entregó en una mochila.

Tras meterla en una caja, se dirigió al Dueso para dársela a los presos involucrados, pero de camino a Santoña el vehículo fue interceptado por la Guardia Civil y los agentes le incautaron la mercancía: 974 gramos de cannabis valorado en 8.851 euros y varias bolsas de cocaína de distinta riqueza por importe de 628 euros.

En abril, efectivos de la Benemérita incautaron a dos involucrados -el que poseía el bar y el que trabajaba para él- varios trozos de cannabis ocultos en el almacén del establecimiento y destinados a consumidores, así como 875 euros escondidos bajo la barra del local por venta de droga (la intervenida estaba valorada en 1.990 euros).

En mayo, la Policía Nacional incautó en Santander a otro miembro de la red cannabis que le había entregado el cabecilla y 485 euros, también de venta de droga.

En junio, agentes de ese Cuerpo dieron el alto en Cartes a otro implicado en cuyo vehículo transportaba una maleta con 118 placas de hachís, y dos bolsas con 45 y 27 más, que en total arrojaban un peso bruto de 30 kilos de droga y 155 euros procedentes del tráfico. En el posterior registro en su casa, en Mogro, hallaron elementos relacionadas con esta actividad y más sustancias, como 36 kilos de cannabis por más de 55.000 euros.

Ese mismo día se montó un dispositivo en torno al domicilio de uno de los encargados de la red de distribución, en Santillana del Mar, observando que abandonaba la vivienda con una bolsa con casi 2 kilos de cannabis y dinero, igualmente por la venta de drogas. Después, hallaron 1.590 euros de ganancias y más de 3 kilos de cannabis valorados en casi 4.800 euros.

Finalmente, en el registro de la casa del cabecilla en Suances, los policías le ocuparon 33,4 kilos de hachís, 4.700 euros ocultos en la campana de la cocina, y en otra vivienda que tenía en Suances encontraron teléfonos móviles, tarjetas y varios papeles con anotaciones de nombres y cantidades.

Ese mismo día, en la nave que el jefe de la red compartía con otro integrante, hallaron más droga, plantas de cannabis y utensilios para su cultivo, con un peso total de 33,6 kilos y un valor de 50.445 euros.