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La Policía Nacional desmantela dos redes de narcotráfico en Cantabria con once detenidos

Droga, armas y dinero incautado en la operación./ A.E.
La Policía Nacional ha detenido a once personas, nueve hombres y dos mujeres, de entre 27 y 61 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas

La Policía Nacional ha desarticulado dos importantes grupos dedicados al tráfico de drogas en Cantabria, logrando la detención de once personas, nueve hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre 27 y 61 años. La operación, denominada "Operación Fire", permitió no solo la paralización de la distribución de cocaína, hachís y MDMA en varias localidades de la región, sino también la imputación a dos de los detenidos por tenencia ilícita de armas. Este operativo supone un duro golpe al narcotráfico en la zona, al erradicar ocho puntos negros de venta en municipios como Santander, Miengo, Camargo, Astillero, entre otros.

La operación, que comenzó en abril, se centró inicialmente en dos individuos dedicados a la venta de estupefacientes en Santander y localidades limítrofes. Las primeras investigaciones permitieron a los agentes identificar que se trataba de dos ramas de distribución distintas, cada una con su propia red de clientes, aunque con ciertos contactos en común. Estas coincidencias permitieron a los investigadores trabajar en ambas líneas de manera simultánea, logrando descubrir una extensa actividad delictiva.

En una de las ramas, los agentes detectaron a un distribuidor en Santander que utilizaba su taxi como medio para entregar cocaína tanto desde su domicilio, ubicado en una céntrica calle de la ciudad, como directamente a los consumidores en distintos puntos de la capital cántabra.

Este individuo contaba con la colaboración de un estrecho cómplice en la distribución, así como de dos proveedores principales que le suministraban la droga. A medida que avanzaba la investigación, se pudo constatar que estos proveedores mantenían una intensa actividad y que además contaban con otros tres distribuidores menores que operaban en municipios cercanos, ampliando así la red de distribución.

La segunda rama desarticulada tenía como epicentro un domicilio en Mogro-Miengo, donde residía el principal cabecilla junto a su pareja. Este individuo poseía un alto nivel de actividad en la venta y distribución de cocaína, abasteciendo tanto a consumidores directos como a otros distribuidores menores en zonas de Miengo, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Torrelavega e incluso Santander.

La investigación también reveló que este cabecilla contaba con un colaborador encargado de custodiar la droga en un inmueble en Mortera, donde también residía con su pareja. Durante los registros, los agentes hallaron un arma de fuego en este lugar, lo que incrementó la gravedad de los delitos imputados.

El operativo culminó el pasado 20 de noviembre con la entrada y registro de siete inmuebles ubicados en Santander y otras localidades de Cantabria. Durante esta jornada se arrestó a diez de los once implicados, mientras que el último detenido, una de las mujeres involucradas, fue apresada al día siguiente. En los registros, la Policía Nacional incautó 3.500 dosis de cocaína preparadas para su distribución inmediata, con un peso total de dos kilogramos y un valor estimado en el mercado negro de 250.000 euros.

También se encontraron 260 gramos de hachís, 6 gramos de MDMA, diez balanzas de precisión, cuatro envasadoras al vacío, numerosas bolsas con recortes circulares para el empaquetado de drogas, un vehículo, 26.800 euros en efectivo, un arma de fuego, 14 armas blancas, 14 teléfonos móviles y 18 relojes.

Tras las detenciones, los once implicados fueron puestos a disposición judicial, y el juez decretó el ingreso en prisión de dos de los principales acusados. La Policía Nacional ha subrayado la importancia de esta operación no solo por la cantidad de drogas y armas incautadas, sino también por la eliminación de una estructura bien organizada que operaba en diversas localidades de Cantabria, generando un grave impacto en la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas. Además, la retirada de las armas de fuego y las armas blancas representa un avance significativo en la protección de la ciudadanía frente a actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.