La fiscal califica el crimen de Liaño como "la crónica de una muerte anunciada"
Durante la jornada final del juicio por el doble asesinato de Liaño de Villaescusa, ocurrido en diciembre de 2021, la fiscal presentó su alegato final, asegurando que la víctima había sellado su destino al llamar a la Guardia Civil para denunciar el quebrantamiento de la orden de alejamiento. La fiscal sostiene que José R., el acusado de asesinar a su expareja y a la hija de ambos, de apenas once meses, ya tenía "claro" que iba a matar a ambas cuando regresó a la vivienda de la que había sido desalojado.
La fiscal recordó que, después de que la víctima optara por proteger a su hija frente a los continuos abusos de su pareja, José R. no pudo soportar que ella eligiera a la niña y que, por ello, se fue a la calle. Según las palabras de la fiscal, "la mujer firmó su sentencia de muerte" cuando, al denunciar el incumplimiento de la orden judicial, puso en marcha el fatídico desenlace. En sus palabras, los mensajes de odio e incluso amenazas de muerte que el acusado había enviado a la víctima, sumados a la violencia doméstica previos, evidencian su clara intención de acabar con la vida de las dos mujeres.
En su intervención, la fiscal también explicó que el ataque fue premeditado. Aunque las forenses no pudieron determinar quién de las dos falleció primero, la acusación sostiene que José R., para infligir un mayor sufrimiento, atacó a la niña primero, asfixiándola, antes de apuñalar a la madre. La mujer, que recibió seis puñaladas, murió desangrada, probablemente viendo morir a su hija.
Una persona desalmada
El alegato de la fiscal fue contundente en la caracterización del acusado: "una persona desalmada". Señaló su historial de violencia de género, sus maltratos hacia animales, y el tono "sádico y brutal" de los mensajes que envió a la víctima, evidenciando una maldad patológica. En palabras de la acusación, “el comportamiento del acusado y la ausencia total de cualquiera que haya dicho algo bueno de él nos dan la respuesta de por qué su violencia se fue intensificando hasta alcanzar el crimen más atroz”.
Además, la fiscal destacó que, a pesar de que José R. intentó mostrarse arrepentido cuando la relación fue retomada, con audios llorosos y súplicas de perdón, “el actor arrepentido no duró nada” y rápidamente retomó su conducta agresiva. De hecho, la víctima, consciente del peligro, había mostrado su arrepentimiento a una amiga por haberle perdonado, y le había advertido de que si algo le pasaba, debía avisar a la Guardia Civil.
La acusación popular, representada por el Gobierno cántabro, también se sumó al alegato de la fiscal, calificando el crimen de "la crónica de una muerte anunciada". A pesar de las múltiples denuncias de la víctima y los avisos a su círculo cercano, la mujer había decidido retomar la relación, en parte por compasión, pues padecía cáncer, pero sobre todo por la falta de alternativas ante la manipulación emocional del acusado. La letrada subrayó que, incluso tras la denuncia por violencia, "cuando ella regresó a la vivienda quedó sentenciada a muerte". A modo de reflexión, la defensa pública parafraseó a Einstein, asegurando que “la maldad no solo radica en quienes la ejercen, sino también en quienes miran para otro lado”.
En un giro dramático, la defensa del acusado se mostró escéptica con las pruebas presentadas. El abogado defensor rechazó las acusaciones, alegando que no existían pruebas de cargo directas que demostraran que su cliente cometió los homicidios. A pesar de los mensajes amenazantes y las llamadas de auxilio de la víctima, la defensa consideró que estas pruebas no eran suficientes para condenar al acusado a prisión permanente revisable, como solicita la acusación. "No hay nada más que humo", dijo el letrado, refiriéndose a los indicios, como los mensajes de texto, que la acusación ha utilizado como base para la acusación.
Además, la defensa cuestionó la veracidad de los testimonios de los testigos y la validez de las pruebas periciales, como las autopsias y las pruebas de geolocalización, sugiriendo que se trataba de pruebas "exageradas" e "inverosímiles". En un tono desafiante, el abogado remarcó que "es muy fácil culpar a alguien con indicios", pero que nada está demostrado con certeza.
La vista finalizó con el jurado preparado para deliberar. Este juicio podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia de Cantabria, pues, de ser condenado, José R. podría enfrentar la prisión permanente revisable, la pena más severa en el sistema penal español, para un crimen de tal magnitud.
