La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a penas de hasta tres años y medio de prisión y 150.000 euros de multa a la veintena de acusados por traficar con drogas e incluso introducirlas en el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña.

La Audiencia ratifica así el acuerdo de conformidad con la Fiscalía alcanzado por los acusados, que reconocieron los hechos en el juicio celebrado el pasado 18 de octubre, que quedó visto para sentencia.

En la vista comparecieron 21 de los procesados -de nacionalidad española y marroquí-, ya que uno no se personó, otro se declaró en rebeldía y otro imputado falleció.

A los ya condenados se les atribuyen varios delitos contra la salud pública, que se imputan a todos ellos; pertenencia a grupo criminal, en la mayoría de los casos; y blanqueo de capitales, para los cabecillas.

Tras la conformidad alcanzada entre las partes, la condena conlleva, de media, una rebaja cercana a la mitad de las penas inicialmente solicitadas por el fiscal, que ascendían hasta los ocho años y ocho meses de cárcel, además de multas de hasta 600.000 euros, ya que se han aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas y toxicomanía.

En el caso de los condenados de nacionalidad marroquí también se ha aplicado la atenuante de arraigo, que justifica la no expulsión del país. Mientras, a uno de los procesados se le ha aplicado la agravante de reincidencia.

Con esto, la sentencia, consultada por Europa Press, recoge penas que van desde nueve meses de prisión hasta tres años y seis meses para el cabecilla de la trama que acudió a la vista -otro no compareció-, y que también tendrá que pagar 36.000 euros.

Su pareja también ha sido condenada a dos años de cárcel y multa de 21.000 euros. Destacan asimismo los dos años y siete meses de prisión y el pago de 150.000 euros que han recaído a otro de los procesados, mientras que para el resto las penas privativas de libertad son de dos años o inferiores, aunque cuatro tienen que abonar 100.000 euros.

INVESTIGACIÓN

La condena deriva de la investigación iniciada contra este grupo por participar en diversas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en el norte de España e introducir algunas de ellas en El Dueso.

Precisamente, la operación se inició tras descubrirse que varios internos, al regresar de permiso, entraban en la cárcel ocultando estupefacientes en forma de bellotas de hachís que habían ingerido o bien dentro de preservativos que se introducían en el ano.

La organización estaba liderada por un preso que operaba con ayuda de su pareja y de otro colaborador, que compraba la droga a distintos proveedores, siempre con la supervisión del jefe. Mientras, su mujer se encargaba de entregársela a internos que volvían a prisión.

Después, se distribuía en el interior del penal y los compradores pagaban a una cuenta a nombre de la pareja del jefe del grupo. Con ese dinero y con otro montante en efectivo encontrado en la vivienda de ella, el matrimonio adquirió una veintena de vacas y un toro limousín.

Según la sentencia, la mujer hacía las gestiones que no podía su pareja, por estar encarcelado, pero siempre bajo la supervisión de él, y ocultaba las ganancias de la droga, tanto en su cuenta -haciendo confundir los ingresos ilícitos con percepciones de origen real- como en la adquisición de semovientes y otros bienes.

En la organización también participaban internos que aprovechaban su salida de prisión y otros proveedores. Entre estos últimos figuran dos hermanos que a su vez adquirían mercancía a uno de los principales grupos criminales de tráfico de hachís en el norte de España: una banda que de forma permanente y habitual se dedicaba a traficar en cantidades muy importantes en el País Vasco.

El jefe de operaciones de esa red procuraba no entrar en contacto con la droga y disponía de un hombre de su confianza para transmitir sus órdenes al resto de miembros, entre ellos personas que prestaban servicios como guardadores de la mercancía.

En un momento dado, se produjo una entrega fallida por parte de otro proveedor a este grupo, y en la furgoneta que transportaba la droga los agentes de policía encontraron 110 kilos de hachís.

También ha sido procesado otro hombre que proveía estupefacientes a los citados hermanos y que se dedicaba al tráfico de hachís en cantidades igualmente importantes en Castro Urdiales, zonas cercanas y País Vasco. En un registro en su domicilio se hallaron 73 kilos de droga y la investigación llevó a otros proveedores de cocaína, hachís y anfetaminas.