VIOLENCIA DE GÉNERO
"La violencia machista fue sibilina en el confinamiento"
El confinamiento domiciliario hizo que muchas mujeres tuvieran que convivir 24 horas al día con su agresor durante tres meses, explica la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera
20:38 20/11/20
El confinamiento domiciliario hizo que muchas mujeres tuvieran que convivir 24 horas al día con su agresor durante tres meses, un periodo en el que la violencia machista se manifestó de manera "más sibilina" y psicológica al tener el agresor un control total sobre la víctima, explica la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera.
Durante el primer estado de alarma, de marzo a junio, se registró un descenso importante de las denuncias por maltrato y, aunque en la actualidad el volumen de denuncias ha vuelto a los niveles habituales, no se observó el temido repunte que los expertos temían durante la desescalada.
La fiscal subraya en una entrevista con Efe que durante el confinamiento no es que la violencia bajara, sino que se manifestó de otra manera. En la violencia de género, el objetivo del agresor es dominar y controlar: al estar la víctima encerrada en casa, ese dominio fue inexorable y la violencia física, menor.
Según el Consejo General del Poder Judicial, entre marzo y junio el número de denuncias por maltrato bajó un 14,62 %.
Además de la dificultad para denunciar, también influyó en ese descenso de denuncias durante el confinamiento el hecho de que algunas parejas no compartieran casa -como las de adolescentes-. El no disponer de libertad de movimientos impidió asimismo que se produjeran quebrantamientos de órdenes de protección, causa de "muchos delitos".
Martín Nájera destaca que la respuesta de la justicia ha sido de "mucha sensibilidad" con las víctimas durante el estado de alarma: en algunos juzgados se llegaron a dictar el 95 % de medidas de protección.
"Fueron muy sensibles, si una mujer denunciaba maltrato no la ibas a volver a mandar a casa con el agresor porque la denuncia, lo tenemos comprobadísimo, incrementa el riesgo. A un agresor no le gusta nada que se le denuncie, cuida la imagen exterior de buen padre, buen amigo, buen compañero...", relata.
Las actuaciones judiciales urgentes por violencia de género no se interrumpieron durante el confinamiento, al considerarse esenciales, pero la fiscal lamenta la "frialdad" e incluso la soledad que supone para una víctima enfrentarse a este proceso por vía telemática: "Ha sido más duro".
"Si esto vuelve a ocurrir, es esencial reforzar los servicios especializados de apoyo psicológico", reflexiona.
Ahora bien, reconoce que se han fortalecido mucho los servicios de atención a las mujeres y valora de forma especial la contratación de urgencia para el 016 y las líneas de Whatsapp abiertas.
La pandemia también parece ser el factor que explica el descenso en el número de asesinatos por violencia machista: a estas alturas de noviembre, es el año con menos crímenes de género cometidos en el ámbito de la pareja o la expareja.
DEJAR DE CUESTIONAR A LA VÍCTMIA
La jurista incide en que es necesario seguir mejorando la atención a la víctima para que no se sienta "desacreditada, no creída o cuestionada" cuando llegue a un órgano policial o judicial, sino "acogida, protegida y ayudada". "Las mujeres denuncian poco y es un tema preocupante, hay que seguir sensibilizando".
"Realmente necesitamos a las víctimas para conseguir condenas. (...) En España tenemos muy asumidas las grandes garantías para el investigado y nos falta trabajar más en las garantías y protección de las víctimas", asevera.
El Convenio de Estambul establece que todo el peso del procedimiento no puede gravitar sobre ellas, pero el sistema jurídico español "establece una exigencia altísima para valorar el testimonio de la víctima".
La fiscal creo que los operadores jurídicos son quienes tienen que buscar pruebas adicionales a la declaración de la mujer y también hace hincapié en que la respuesta judicial no puede variar en función del territorio en que se juzguen los hechos delictivos, como pasa actualmente.
En 2019, la media nacional de concesión de medidas de protección fue del 70 %, pero varió del 52 % de Cataluña y el 54 % de la Comunidad de Madrid al 87 % de la Comunidad Valenciana y el 86 % de La Rioja.
"Dar una respuesta judicial diferente crea sensación de inseguridad jurídica y las víctimas deben tener la seguridad de que van a tener una respuesta, si no igual, similar cuando denuncian hechos similares", argumenta.
Para alcanzar una mayor homogeneidad, Martín Nájera apuesta por cambiar la legislación y establecer criterios más objetivos para valorar la situación de riesgo, de modo que cuando concurran determinados criterios el juez deba dictar la orden de protección, proteger a los menores o suspender el régimen de visitas.
"Hay 3.000 jueces en toda España: hay juzgados especializados, pero el juzgado del pueblo es mixto y hace un poco de todo, por eso es importante la sensibilización y la formación. (...) Es más fácil llegar a esa uniformidad deseable si se establecen criterios legislativos, si ha habido lesiones, si es reincidente, si ha habido un quebrantamiento, en ese caso hay que conceder sí o sí la orden de protección".
LEYES CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS SOBRE LA MUJER
Ante el amplio paquete de medidas legislativas anunciado por el Gobierno para luchar contra todo tipo de violencias sobre las mujeres, como la ley de garantía de la libertad sexual a la de trata, la fiscal hubiera preferido que se incluyeran todas las variables en una reforma ambiciosa y "global" de la ley 1/2004 contra la violencia de género.
Son violencias que "afectan de forma desproporcionada a las mujeres" y, a su juicio, "sería importante tener un tronco común", ya que todas las víctimas tendrán derecho, por ejemplo, a la asistencia médica y jurídica, los pisos de acogida o un tratamiento especializado de la justicia.
A su juicio, una única reforma del Código Penal en cuanto a delitos contra la libertad sexual que incluyera también la prostitución y la trata "hubiera quedado más redonda", porque las reformas parciales a veces hacen perder coherencia al texto legal
"El legislador ha optado, quizá para visibilizar, por hacer otra ley integral pero repite mucho de la 1/2004, repite mucho del estatuto de la víctima. Ha sido una opción legislativa, yo prefería la otra", insiste Marín Nájera.
El anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual establece que se tendrá que determinar en el plazo de un año qué juzgados se harán cargo de los delitos contra la libertad sexual, pero Martín Nájera prevé que un "estudio serio" de las cargas de trabajo llevará más de un año.
"Lo peor que podíamos hacer es atribuirlo a los juzgados y fiscalías especializadas (en violencia sobre la mujer) y que no tuviéramos capacidad de reacción porque ya no es solamente el órgano judicial, sino que tengamos personal de apoyo importante y necesario, que haya médicos forenses suficientes, unidades de valoración suficientes, equipos psicosociales suficientes, fiscales suficientes...", argumenta.
LA TRATA
La fiscal explica que la lucha contra la trata requiere herramientas de investigación diferentes a las utilizadas para investigar la violencia de género, ya que se trata de "crimen organizado transnacional", pero recuerda que la víctima también es "especialmente vulnerable".
La organización y el dinero que mueve la trata con fines de explotación sexual, con instrumentos y cauces cada vez más sofisticados, hacen muy difícil actuar contra ella, especialmente "llegar a las cabezas".
Martín Nájera advierte de que lo más relevante del proceso es proteger a la víctima porque "si no se la tiene protegida, la matan": la protección ha de estar por delante de la punición y en ocasiones requiere incluso proteger a su familia en el extranjero.
Está convencida de que la reforma del Código Penal para castigar la tercería locativa -alquilar locales donde se explota a mujeres- y el proxenetismo no coactivo ayudará en esta lucha y "aunque no es suficiente", es una medida "importante".
Sin embargo, duda que estas medidas consigan acabar con los numerosos clubes de carretera existentes en el país: "No creo que lleguemos a ese punto. En esta materia, el Código Penal tampoco es la solución. (...) Habría que concienciar a la sociedad de que es una utilización de la mujer absolutamente como objeto y en condiciones inhumanas.
Frente a quienes alegan que se trata un trabajo voluntario, recuerda que el 99 % de esas mujeres son inmigrantes en situación administrativa irregular: "La voluntariedad en estos casos es bastante relativa".
"Cuando no hay clientela, la historia empieza a cambiar", concluye. ![Publicidad 171034]()
Durante el primer estado de alarma, de marzo a junio, se registró un descenso importante de las denuncias por maltrato y, aunque en la actualidad el volumen de denuncias ha vuelto a los niveles habituales, no se observó el temido repunte que los expertos temían durante la desescalada.
La fiscal subraya en una entrevista con Efe que durante el confinamiento no es que la violencia bajara, sino que se manifestó de otra manera. En la violencia de género, el objetivo del agresor es dominar y controlar: al estar la víctima encerrada en casa, ese dominio fue inexorable y la violencia física, menor.
Según el Consejo General del Poder Judicial, entre marzo y junio el número de denuncias por maltrato bajó un 14,62 %.
Además de la dificultad para denunciar, también influyó en ese descenso de denuncias durante el confinamiento el hecho de que algunas parejas no compartieran casa -como las de adolescentes-. El no disponer de libertad de movimientos impidió asimismo que se produjeran quebrantamientos de órdenes de protección, causa de "muchos delitos".
Martín Nájera destaca que la respuesta de la justicia ha sido de "mucha sensibilidad" con las víctimas durante el estado de alarma: en algunos juzgados se llegaron a dictar el 95 % de medidas de protección.
"Fueron muy sensibles, si una mujer denunciaba maltrato no la ibas a volver a mandar a casa con el agresor porque la denuncia, lo tenemos comprobadísimo, incrementa el riesgo. A un agresor no le gusta nada que se le denuncie, cuida la imagen exterior de buen padre, buen amigo, buen compañero...", relata.
Las actuaciones judiciales urgentes por violencia de género no se interrumpieron durante el confinamiento, al considerarse esenciales, pero la fiscal lamenta la "frialdad" e incluso la soledad que supone para una víctima enfrentarse a este proceso por vía telemática: "Ha sido más duro".
"Si esto vuelve a ocurrir, es esencial reforzar los servicios especializados de apoyo psicológico", reflexiona.
Ahora bien, reconoce que se han fortalecido mucho los servicios de atención a las mujeres y valora de forma especial la contratación de urgencia para el 016 y las líneas de Whatsapp abiertas.
La pandemia también parece ser el factor que explica el descenso en el número de asesinatos por violencia machista: a estas alturas de noviembre, es el año con menos crímenes de género cometidos en el ámbito de la pareja o la expareja.
DEJAR DE CUESTIONAR A LA VÍCTMIA
La jurista incide en que es necesario seguir mejorando la atención a la víctima para que no se sienta "desacreditada, no creída o cuestionada" cuando llegue a un órgano policial o judicial, sino "acogida, protegida y ayudada". "Las mujeres denuncian poco y es un tema preocupante, hay que seguir sensibilizando".
"Realmente necesitamos a las víctimas para conseguir condenas. (...) En España tenemos muy asumidas las grandes garantías para el investigado y nos falta trabajar más en las garantías y protección de las víctimas", asevera.
El Convenio de Estambul establece que todo el peso del procedimiento no puede gravitar sobre ellas, pero el sistema jurídico español "establece una exigencia altísima para valorar el testimonio de la víctima".
La fiscal creo que los operadores jurídicos son quienes tienen que buscar pruebas adicionales a la declaración de la mujer y también hace hincapié en que la respuesta judicial no puede variar en función del territorio en que se juzguen los hechos delictivos, como pasa actualmente.
En 2019, la media nacional de concesión de medidas de protección fue del 70 %, pero varió del 52 % de Cataluña y el 54 % de la Comunidad de Madrid al 87 % de la Comunidad Valenciana y el 86 % de La Rioja.
"Dar una respuesta judicial diferente crea sensación de inseguridad jurídica y las víctimas deben tener la seguridad de que van a tener una respuesta, si no igual, similar cuando denuncian hechos similares", argumenta.
Para alcanzar una mayor homogeneidad, Martín Nájera apuesta por cambiar la legislación y establecer criterios más objetivos para valorar la situación de riesgo, de modo que cuando concurran determinados criterios el juez deba dictar la orden de protección, proteger a los menores o suspender el régimen de visitas.
"Hay 3.000 jueces en toda España: hay juzgados especializados, pero el juzgado del pueblo es mixto y hace un poco de todo, por eso es importante la sensibilización y la formación. (...) Es más fácil llegar a esa uniformidad deseable si se establecen criterios legislativos, si ha habido lesiones, si es reincidente, si ha habido un quebrantamiento, en ese caso hay que conceder sí o sí la orden de protección".
LEYES CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS SOBRE LA MUJER
Ante el amplio paquete de medidas legislativas anunciado por el Gobierno para luchar contra todo tipo de violencias sobre las mujeres, como la ley de garantía de la libertad sexual a la de trata, la fiscal hubiera preferido que se incluyeran todas las variables en una reforma ambiciosa y "global" de la ley 1/2004 contra la violencia de género.
Son violencias que "afectan de forma desproporcionada a las mujeres" y, a su juicio, "sería importante tener un tronco común", ya que todas las víctimas tendrán derecho, por ejemplo, a la asistencia médica y jurídica, los pisos de acogida o un tratamiento especializado de la justicia.
A su juicio, una única reforma del Código Penal en cuanto a delitos contra la libertad sexual que incluyera también la prostitución y la trata "hubiera quedado más redonda", porque las reformas parciales a veces hacen perder coherencia al texto legal
"El legislador ha optado, quizá para visibilizar, por hacer otra ley integral pero repite mucho de la 1/2004, repite mucho del estatuto de la víctima. Ha sido una opción legislativa, yo prefería la otra", insiste Marín Nájera.
El anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual establece que se tendrá que determinar en el plazo de un año qué juzgados se harán cargo de los delitos contra la libertad sexual, pero Martín Nájera prevé que un "estudio serio" de las cargas de trabajo llevará más de un año.
"Lo peor que podíamos hacer es atribuirlo a los juzgados y fiscalías especializadas (en violencia sobre la mujer) y que no tuviéramos capacidad de reacción porque ya no es solamente el órgano judicial, sino que tengamos personal de apoyo importante y necesario, que haya médicos forenses suficientes, unidades de valoración suficientes, equipos psicosociales suficientes, fiscales suficientes...", argumenta.
LA TRATA
La fiscal explica que la lucha contra la trata requiere herramientas de investigación diferentes a las utilizadas para investigar la violencia de género, ya que se trata de "crimen organizado transnacional", pero recuerda que la víctima también es "especialmente vulnerable".
La organización y el dinero que mueve la trata con fines de explotación sexual, con instrumentos y cauces cada vez más sofisticados, hacen muy difícil actuar contra ella, especialmente "llegar a las cabezas".
Martín Nájera advierte de que lo más relevante del proceso es proteger a la víctima porque "si no se la tiene protegida, la matan": la protección ha de estar por delante de la punición y en ocasiones requiere incluso proteger a su familia en el extranjero.
Está convencida de que la reforma del Código Penal para castigar la tercería locativa -alquilar locales donde se explota a mujeres- y el proxenetismo no coactivo ayudará en esta lucha y "aunque no es suficiente", es una medida "importante".
Sin embargo, duda que estas medidas consigan acabar con los numerosos clubes de carretera existentes en el país: "No creo que lleguemos a ese punto. En esta materia, el Código Penal tampoco es la solución. (...) Habría que concienciar a la sociedad de que es una utilización de la mujer absolutamente como objeto y en condiciones inhumanas.
Frente a quienes alegan que se trata un trabajo voluntario, recuerda que el 99 % de esas mujeres son inmigrantes en situación administrativa irregular: "La voluntariedad en estos casos es bastante relativa".
"Cuando no hay clientela, la historia empieza a cambiar", concluye.
