El Gobierno pone en vigor el registro de viajeros: ¿Cómo afecta al turismo?
El pasado 2 de diciembre de 2024, entró en vigor el Real Decreto 933/2021, que establece un nuevo registro obligatorio de viajeros. Según el Ministerio del Interior, esta medida actualiza una normativa que databa de hace 65 años, adaptándola a los nuevos desafíos y fenómenos del sector, como las reservas online y el auge del alquiler de pisos turísticos. El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, declaró que la normativa busca ser “más ágil, sencilla y efectiva”, al tiempo que refuerza la seguridad en el turismo y los alquileres temporales.
El objetivo principal de este registro es que tanto alojamientos como empresas de alquiler de vehículos a motor sin conductor registren y compartan con la plataforma Ses.Hospedajes los datos de sus clientes. Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por el sector turístico, que denuncia su complejidad, elevado coste administrativo y posible incompatibilidad con la normativa europea.
¿Qué empresas están afectadas y qué datos deben registrar?
El Real Decreto incluye a todas las personas físicas y jurídicas que ofrezcan servicios de hospedaje o alquiler de vehículos a motor. En esta categoría se encuentran hoteles, hostales, casas rurales, campings, y hasta plataformas digitales como Airbnb. Las empresas deberán registrar los siguientes datos:
- Datos del viajero: nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, lugar de residencia habitual, teléfono y correo electrónico.
- Relación entre viajeros: en caso de que viajen menores, se deberá incluir información sobre su parentesco con los adultos acompañantes.
- Datos del establecimiento o vehículo alquilado.
- Información sobre la transacción económica, como métodos de pago utilizados.
Además, estos datos deberán conservarse durante tres años y estar disponibles para las autoridades si fuera necesario. Hasta la fecha, ya se han registrado 4,77 millones de datos en la plataforma Ses.Hospedajes, provenientes de más de 61.000 establecimientos hoteleros y 1.700 empresas de alquiler de vehículos.
Impacto en el sector turístico: entre críticas y adaptaciones
Aunque el Ministerio asegura que esta medida pretende reforzar la seguridad frente a amenazas como el terrorismo y el crimen organizado, el sector turístico ha reaccionado con una oposición contundente. Tanto las asociaciones de hoteleros como las agencias de viajes y las plataformas de alquiler han denunciado que la nueva normativa:
- Crea una carga administrativa desproporcionada: Las pequeñas y medianas empresas, que representan el 95% del sector, enfrentan dificultades para implementar los cambios.
- Afecta la competitividad: Las exigencias del registro colocan a los negocios españoles en desventaja frente a otros países europeos con normativas menos estrictas.
- Genera inseguridad jurídica: Algunos expertos consideran que la normativa puede entrar en conflicto con las leyes de protección de datos de la Unión Europea.
- Vulnera la privacidad de los clientes: La recopilación de datos tan detallados, como métodos de pago o información personal de menores, ha suscitado preocupación en materia de privacidad.
La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha calificado la medida como "inaceptable" y estudia posibles acciones legales para frenar su aplicación. Según sus portavoces, la normativa es "inviable" para muchas empresas, especialmente las más pequeñas, que no cuentan con los recursos necesarios para adaptarse.
Sanciones por incumplimiento: multas de hasta 30.000 euros
El Real Decreto establece un sistema de sanciones para las empresas que no cumplan con la normativa. Estas multas oscilan entre 601 y 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción:
- Leves: errores en los registros o retrasos en las comunicaciones (multas entre 601 y 6.000 euros).
- Graves: omisión de los registros documentales o falta de comunicación de los datos requeridos (multas de hasta 30.000 euros).
El Ministerio del Interior ha insistido en que la normativa "no tiene un fin recaudatorio", pero los empresarios temen que las sanciones se conviertan en una carga más para un sector que aún se recupera de los efectos de la pandemia.
Ses.Hospedajes: la herramienta clave del registro
La plataforma Ses.Hospedajes, desarrollada por el Ministerio del Interior, centraliza toda la información recopilada por las empresas. Desde su lanzamiento en 2022, ha servido para localizar a más de 18.500 personas con requisitorias policiales o vinculadas a investigaciones en el sistema de información del Espacio Schengen.
Este resultado, según el Ministerio, demuestra la efectividad de la medida para mejorar la seguridad, pero no ha logrado calmar las preocupaciones del sector, que la considera tecnológicamente inadecuada y poco práctica para muchas pequeñas empresas.
La seguridad frente a la competitividad: un debate abierto
El nuevo registro de viajeros pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre garantizar la seguridad y proteger la competitividad del sector turístico. Mientras el Ministerio del Interior defiende que la normativa es necesaria para prevenir el terrorismo y el crimen organizado, los empresarios advierten que podría afectar la recuperación económica del turismo en España.
Con las primeras denuncias en camino y el anuncio de posibles acciones legales por parte de las agencias de viajes y asociaciones de hoteleros, el impacto real de esta medida se evaluará en los próximos meses. ¿Será capaz el sector de adaptarse sin perder competitividad, o estamos ante una normativa que requerirá ajustes para evitar que se convierta en una traba burocrática más?