Patricia Ramírez denuncia amenazas y corrupción en la prisión donde cumple condena Ana Julia Quezada
La madre del pequeño Gabriel Cruz asegura que la asesina de su hijo ha amenazado con matarla y destapa una presunta trama de corrupción en la cárcel de Brieva que habría facilitado la grabación de una serie documental desde prisión
Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, ha comparecido este miércoles ante los medios para denunciar amenazas contra su integridad por parte de la reclusa, así como un escándalo de corrupción en el centro penitenciario de Brieva (Ávila), donde la condenada cumple una pena de prisión permanente revisable.
Ramírez ha afirmado que Quezada ha llegado a manifestar dentro de la prisión su deseo de matarla, en represalia por haber logrado frenar un proyecto audiovisual en el que participaba. “Ha dicho que me quiere matar”, ha declarado. Según relata, la amenaza se produjo tras denunciar públicamente la existencia de una red de complicidades dentro de la prisión que habría permitido a Quezada acceder a teléfonos móviles, grabar entrevistas y participar en la producción de un documental centrado en el asesinato de su hijo.
Una red de favores en prisión
La denuncia de Ramírez apunta a la implicación de al menos cuatro funcionarios penitenciarios. Uno de ellos habría permitido a Quezada mantener relaciones sexuales a cambio de privilegios, como el uso de móviles. Parte del material audiovisual obtenido presuntamente habría sido usado por la reclusa para presionar a la dirección del centro, con el objetivo de conseguir un traslado a una prisión en Barcelona.
Además, se investiga la colaboración de la actual pareja sentimental de Ana Julia, quien habría introducido los dispositivos en la cárcel durante los encuentros vis a vis. Según Patricia Ramírez, los teléfonos se compartían entre reclusas y eran incluso ocultados en domicilios de funcionarios implicados. Uno de estos móviles fue incautado tras un registro, aunque se sospecha que otros continúan en circulación.
Obstáculos institucionales y judiciales
Ramírez denuncia una situación de abandono institucional. Asegura que se le ha impedido personarse como acusación particular en los procedimientos judiciales abiertos por estos hechos, y que sus intentos de trasladar la información a la Fiscalía, el juez instructor y la Oficina de Atención a las Víctimas han sido ignorados. “Me cierran las puertas continuamente”, lamenta. En su intervención, ha reclamado una ley que proteja a las madres de víctimas de asesinato, citando como ejemplo el caso de Ruth Ortiz, madre de los menores asesinados por José Bretón.
Una campaña contra la revictimización
Desde hace más de un año, Patricia Ramírez lidera una campaña para evitar que los condenados por crímenes atroces puedan obtener beneficios o notoriedad a través de la industria del entretenimiento. “No puedo permitir que la asesina de mi hijo se lucre o tenga voz en un documental”, ha señalado. Según sus fuentes, la serie sobre el caso de Gabriel está “casi terminada, a falta de un par de entrevistas”, y habría sido grabada usando medios facilitados de forma ilícita desde la prisión.
Las autoridades penitenciarias y judiciales han abierto diligencias para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la madre de Gabriel Cruz continúa su lucha para impedir que los asesinos reincidan simbólicamente en el daño a las víctimas, esta vez desde dentro de los muros de una prisión.