La aprobación por parte del Parlamento Europeo de una moción para reconocer el aborto como un derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE ha generado un amplio debate y controversia. La iniciativa, respaldada por la izquierda, los liberales y los socialdemócratas, ha sido vista como un retroceso social por algunos sectores, especialmente porque su aplicación requeriría la unanimidad de los 27 Estados miembros, lo cual parece improbable.

La votación, que contó con 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones, reflejó una clara división dentro del Parlamento Europeo. Aunque no se tuvieron en cuenta las enmiendas presentadas por ERC e ID, la moción fue aprobada y ahora será trasladada al Consejo Europeo y a la Comisión para su consideración. Sin embargo, choca con derechos ya establecidos en la Carta, como el derecho a la vida, la prohibición de la pena de muerte y las ejecuciones, y el derecho a no ser forzado a realizar un trabajo.

Este no es el primer intento de la izquierda de imponer el aborto como derecho fundamental en Europa. Hace dos años, el Parlamento Europeo respaldó una iniciativa similar, pero no logró el acuerdo entre los Estados. La situación actual parece seguir un curso similar, ya que países como Hungría, Italia, Malta o Polonia no respaldarían fácilmente esta premisa.

El debate en el Parlamento Europeo, que se llevó a cabo en marzo en Estrasburgo, fue seguido de cerca por los defensores y opositores del aborto. La francesa Valérie Hayer, en línea con el presidente Emmanuel Macron, lideró la defensa del aborto como una cuestión de derechos. Sin embargo, aunque el aborto sea un derecho constitucional en Francia, su implementación a nivel europeo es mucho más compleja.

La moción aprobada no solo busca proteger los derechos de las mujeres, sino también interferir en asuntos nacionales al instar a Polonia y Malta a derogar sus leyes contra el aborto. Además, propone la inclusión de la enseñanza de la práctica del aborto en el plan de estudios de Medicina. Sin embargo, estas propuestas enfrentan dificultades para su implementación, ya que la legislación sobre el aborto es competencia de cada país, y las decisiones a nivel europeo requieren la aprobación de la Comisión y el Consejo, es decir, de los propios Estados.