tráfico de personas

Mafias libias y marroquíes activan una nueva ofensiva migratoria sobre España

Una investigación desvela cómo redes de tráfico en el norte de África han redirigido sus operaciones hacia España, intensificando la presión en la frontera occidental europea

Varias personas a la salida del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). / EP
Varias personas a la salida del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). / EP

Una investigación periodística ha puesto el foco en un cambio relevante en las rutas de inmigración irregular hacia Europa, con un desplazamiento del eje Libia-Italia hacia el corredor terrestre que atraviesa Libia, Argelia y Marruecos con destino final en España.

Según esta información, el refuerzo de los controles en el Mediterráneo Central habría reducido las salidas hacia Italia, lo que ha provocado que organizaciones dedicadas al tráfico de personas redirijan los flujos hacia territorio español, según publica La Gaceta.

Coordinación entre redes en el norte de África

El reportaje apunta a una coordinación operativa entre traficantes libios y marroquíes, que organizarían el traslado por vía terrestre hasta Marruecos, desde donde se facilitaría el acceso a España, tanto por vía marítima como a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla.

En conversaciones atribuidas a estos grupos, difundidas por el medio que publica la investigación, se mencionan precios de entre 3.000 y 5.000 euros por persona, incluyendo supuestas “garantías” para completar el trayecto.

Declararse menor como mecanismo de protección

Uno de los aspectos señalados es la recomendación de declararse menor de edad (17 años) a la llegada a España. El objetivo sería activar el sistema de protección previsto para menores extranjeros no acompañados (MENA), que implica tutela por parte de las comunidades autónomas, acceso a centros de acogida, asistencia sanitaria y educativa, y evita el internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se determina la edad.

Fuentes policiales citadas en la investigación indican que una parte de los llegados declara tener 17 años, lo que obliga a activar protocolos de verificación, incluidas pruebas médicas de estimación de edad cuando existen dudas documentales.

Las autoridades recuerdan que la determinación de la edad se realiza conforme a procedimientos legales y que, en caso de acreditarse la mayoría de edad, se aplican los mecanismos previstos en la normativa de extranjería.

Presión migratoria y reto institucional

España ha experimentado en los últimos años un incremento de la presión migratoria en determinados puntos, especialmente en Canarias y en las ciudades autónomas. El posible redireccionamiento de flujos desde Libia hacia la ruta occidental supondría un nuevo desafío en términos de gestión humanitaria, cooperación internacional y lucha contra el crimen organizado transnacional.

Expertos en migraciones subrayan que las redes de tráfico se adaptan con rapidez a los cambios en los controles fronterizos, utilizando herramientas digitales y aplicaciones de mensajería para coordinar movimientos y captar clientes.

El fenómeno combina factores geopolíticos, crisis regionales —como la inestabilidad en Sudán— y la existencia de redes criminales especializadas en el traslado irregular de personas.

La evolución de estas rutas y la respuesta institucional de España y la Unión Europea serán determinantes para contener el negocio de las mafias y garantizar al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos y a la protección de la infancia en el marco legal vigente.

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