El Gobierno dio luz verde ayer, víspera del Día del Orgullo LGTBI, al proyecto de ley trans, una norma que causó disensos en el seno del Ejecutivo de coalición y que «por fin», en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, será enviada al Congreso para que inicie su tramitación parlamentaria. La ley sale de la Moncloa sin grandes cambios con respecto al anteproyecto aprobado hace justo un año, de forma que mantiene el derecho al cambio de sexo en el registro sin informe médico ni psicológico a partir de los 12 años y con determinadas condiciones desde los 16 de forma autónoma. En concreto, establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna. Así, la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio de sexo en el Registro: «Les reconoce el derecho a ser quienes son sin que medien testigos», ha abundado Montero. El Consejo General del Poder Judicial, en su informe, pidió elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro sin aval judicial. «Por fin, y cumpliendo el compromiso con las personas LGTBI y con el conjunto de la sociedad, lo llevamos en segunda vuelta. La ley trans llega al Congreso antes del verano, como nos habíamos comprometido», ha dicho la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, en la que ha insistido en que cada una de las vidas de las personas trans y LGTBI importan. La ley que sitúa a España como una «referencia internacional» en defensa de las personas LGTBI, prevé un plazo máximo de cuatro meses para el proceso administrativo de cambio de sexo registral, prohíbe las terapias de conversión y garantiza a las lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Además, permite que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas. Entre las mejoras introducidas con respecto al anteproyecto, destacan que las personas extranjeras que acrediten que no pueden realizar el cambio registral de sexo, y en su caso de nombre, en su país de origen, podrán solicitar la rectificación en los documentos que se les expidan en España. En el caso de los menores intersexuales, que presentan al nacer características físicas de ambos sexos, se prohíben las cirugías de modificación genital hasta los 12 años.

Promueve, además, medidas de sensibilización y formación especialmente indicadas a prevenir la violencia LGTBI-fóbica, también de conocimiento y respeto a la diversidad. El proyecto incluye un régimen de infracciones y sanciones por actos de discriminación a las personas LGTBI, con multas que van desde los 200 euros por insultos o pintadas, por ejemplo, a un máximo de 150.000 euros por prohibir el acceso a un bar o a una piscina o no alquilar una vivienda a una persona del colectivo, ha señalado Montero. La ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la conocida como ley Zerolo, que se aprobará definitivamente este jueves en el Congreso, incluye un régimen de sanciones aún más duro, con multas de hasta 500.000 euros.

De esta forma, el proyecto de ley llegará al Congreso, después de que causara grietas en el seno del Gobierno de coalición: una parte del PSOE, encabezada por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, cuestionaba que la mera voluntad de la persona bastara para cambiar el sexto registral, pero se abrió camino la propuesta de Igualdad en favor de la autodeterminación del género y de despatologizar la transexualidad.