Julio Iglesias vence: la Fiscalía archiva la denuncia por falta de pruebas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los derechos laborales. La decisión se justifica en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, dado que los hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas.
El Ministerio Público considera que «los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas». El escrito, con carácter firme, concluye que «las personas denunciadas ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad».
«Ni las víctimas ni los denunciados tienen vínculo con España»
Las denunciantes —dos ex trabajadoras, una colombiana y otra brasileña— no son residentes en España, y tampoco los presuntos autores de los delitos. Por ello, la Fiscalía aplica el artículo 23.5 de la LOPJ, que obliga a los jueces españoles a abstenerse en casos que deben ser juzgados por otras jurisdicciones.
Además, no consta ninguna solicitud de extradición ni intención de las autoridades competentes de renunciar a su jurisdicción. La Audiencia Nacional reitera que no se da ninguna conexión territorial, material ni de nacionalidad que justifique la competencia de los tribunales españoles.
Precedente jurídico y vías abiertas en el extranjero
Para respaldar su decisión, la Fiscalía cita un precedente en el que se rechazó investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, al considerar que ni víctimas ni responsables estaban vinculados a España.
La denuncia fue presentada por la organización Women’s Link Worldwide en nombre de las trabajadoras, quienes afirmaron haber sido víctimas de acoso y trata de personas entre enero y octubre de 2021 en propiedades del cantante.
El decreto subraya que el archivo «no produce efectos de cosa juzgada», lo que deja abierta la posibilidad de que las denunciantes presenten la causa ante la Justicia de República Dominicana o Bahamas.
