El magistrado Joaquim Bosch analiza en su nuevo libro la corrupción como consecuencia de inercias del pasado, sobre todo del franquismo, y destaca que el clientelismo español se enraíza en el poder institucional que tienen los partidos políticos por encima de otros contrapesos.

En una entrevista con EFE con motivo de la publicación de su libro "La patria en la cartera" (Editorial Ariel), Joaquim Bosch, miembro de la asociación progresista Jueces por la Democracia, sostiene que una de las principales fuentes de la corrupción en la España democrática son las estructuras clientelares que se construyeron en el franquismo, en un contexto sin elecciones libres ni derecho a la información ni separación de poderes.

"La dictadura permitió una gran discrecionalidad en la gestión de presupuestos públicos y en el nombramiento de altos cargos de la administración, y las circunstancias de la Transición, después, posibilitaron que esos lazos de mantuvieran", critica Bosch.

El magistrado remarca, entre otros indicadores, que cerca de la mitad de los cincuenta últimos ministros de Franco continuaron en política tras la muerte del dictador, y que la otra mitad se colocaron en consejos de administración de grandes empresas del país.

Pero, más allá de altos cargos, apunta Bosch, la nueva administración de la Transición también absorbió, sin necesidad de opositar, a decenas de miles de personas del Movimiento Nacional o de los sindicatos verticales, entre otros organismos franquistas.

Todo ello ocurrió con una oposición al franquismo que, lejos de tener capacidad para alejar los cargos del franquismo de las nuevas instituciones, detalla el magistrado, tuvo que firmar pactos de Estado que dificultaron la ruptura total con la corrupción de la dictadura.

Además, esos nuevos partidos políticos que empezaron a competir en elecciones democráticas tampoco tenían una tradición democrática consolidada, dice el magistrado, en parte por haberse organizado durante años en clandestinidad, cosa que torpedeaba un funcionamiento interno equiparable a sus homólogos europeos.

Bosch recalca que las reformas contra la corrupción que se podrían haber implementado en los primeros años de la democracia, y que podían romper la correa de transmisión respecto a los años anteriores, habrían supuesto rebajar el inmenso poder que acababan de adquirir las formaciones políticas.

"Un dato: en España hay cerca de 100.000 altos cargos en administraciones públicas que asignan de manera discrecional los partidos políticos; no hay una situación equivalente en ningún país europeo", señala el magistrado.

A diferencia de otros países del mundo en los que la corrupción es sistémica para la mayoría de instituciones y a múltiples niveles, Bosch matiza: "En España la corrupción es muy limitada, pero en el ámbito político es de una intensidad difícil de comparar con ningún país de nuestro entorno".

Falta de transparencia, la posibilidad de fraccionar contratos públicos, falta de técnicos independientes de control, designaciones discrecionales de órganos judiciales y administrativos, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional… son algunos de los problemas que lista el magistrado.

"Si los jueces actuamos contra la corrupción, quiere decir que ya llegamos tarde, porque, una vez cometido el delito, es muy difícil perseguirlo; la mejor manera de luchar contra la corrupción no es batallando contra ella en los tribunales, sino previniéndola", apunta.

Bosch reivindica que se deben reformar las instituciones para que desde dentro se eviten las prácticas corruptas: que sea difícil adjudicar contratos a empresas amigas, establecer controles internos que hagan saltar alarmas, dar la protección adecuada para denunciantes de corruptelas, evitar la opacidad de los partidos, etcétera.

El magistrado reclama mayor separación de poderes y eliminar la vinculación de los organismos de control a las formaciones políticas, como pasa, por ejemplo, con el Tribunal de Cuentas: "Los partidos son los encargados de escoger los miembros del organismo que debe controlar sus cuentas".

Para un futuro, Bosch pone como ejemplo una posible reforma del CGPJ: "El Congreso y los jueces podrían tener la responsabilidad de elegir cada uno a la mitad de los procuradores, lo que conllevaría un equilibrio entre ambos poderes, sin dejar exclusivamente en manos de jueces o de partidos todo el control de la institución".

Con todo, Joaquim Bosch mantiene un hilo de optimismo, porque reitera que España tiene capacidad para mejorar sus instituciones: "En el periodo de la restauración, las elecciones se amañaban y eran un engaño; hoy, en cambio, nuestro sistema electoral es de los diez mejores del mundo en transparencia y pluralidad. Hay capacidad para mejorar". EFE

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