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El Diario de Cantabria

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Un informe señala que 68.000 personas están en exclusión social en Cantabria

En términos generales, es la comunidad autónoma «con más desigualdad» de España, según indica un estudio de la Fundación Foessa

Guillermo Fernández Maíllo, Manuel Sánchez Monje y Sonsoles López Huete. / JOSÉ RAMÓN
Guillermo Fernández Maíllo, Manuel Sánchez Monje y Sonsoles López Huete. / JOSÉ RAMÓN
Un informe señala que 68.000 personas están en exclusión social en Cantabria

Cantabria presenta una de las cifras más elevadas de integración de España y menos exclusión social que el resto de comunidades autónomas, aunque la situación de las personas excluidas en la región «es más» grave, según el informe FOESSA, entidad vinculada a Cáritas. El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, la directora de Cáritas en la capital cántabra, Sonsoles López Huete, y el representante del comité técnico de FOESSA Guillermo Fernández Maíllo presentaron ayer el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria’ de 2018.

En rueda de prensa, Fernández Maillo ha apostado por políticas sociales de carácter integral para hacer frente a la exclusión social, y no sectorial como las actuales, y ha advertido de la necesidad de que Cantabria afronte el proceso de envejecimiento de su población si no quiere ver aumentar este fenómeno que cada vez afecta más a personas mayores. El representante de FOESSA ha destacado que el gasto social en Cantabria es más alto que la media nacional, sobre todo a cargo del Gobierno autonómico, y que la integración alcanza a 9 de cada 10 personas, aunque ha advertido de que la exclusión social se encuentra enquistada, al igual que en el resto de España, con 68.000 personas de la comunidad autónoma en esa situación.

De esta forma, según el informe, el 11,8 por ciento de la población de Cantabria sufre exclusión social, la segunda cifra más baja después de La Rioja, con 25.000 personas en situación más extrema, en lo que se denomina «sociedad estancada» con pocas posibilidades de recuperarse.

Además, el estudio revela en la región hay unas 80.000 personas que se encuentran en un estado de integración, aunque con un «colchón de resistencia débil» y que se podrían incorporar a la exclusión si se produce una desaceleración económica. 

Este grupo representa el 13,7 por ciento de la población de Cantabria, un porcentaje mayor que en el conjunto de España. El informe también apunta que existe un grupo de 9.000 personas dentro de la denominada «sociedad expulsada» por la gran acumulación de dificultades que sufren y que les sitúan en los hogares más excluidos.

Así, concluye que Cantabria «presenta un enquistamiento de la exclusión más severo, produciéndose un proceso de acumulación de dificultades en la parte más débil de la sociedad».

desigualdad. De hecho, según este informe, se trata de la comunidad autónoma «más desigual de España» si se atiende, no solo a la situación económica, sino a también a otros factores como la vivienda, el empleo o la situación familiar. Esta desigualdad multidimensional, que se ha estudiado por primera vez, significa que en Cantabria la población en exclusión social tiende a estar cada vez más alejada del conjunto de la población de la comunidad autónoma, además de que la acumulación de dificultades en esos hogares es cada vez mayor. Entre esos factores de riesgo social se encuentran la vivienda que afecta al 20,6 por ciento de la población cántabra que vive situaciones de insalubridad, hacinamiento o impagos; así como el empleo como factor de integración, que alcanza al 19,6 por ciento de los ciudadanos.

El tercer factor es la exclusión social severa que hace referencia al empleo, el consumo, la política, la educación, la vivienda y el aislamiento social y que presenta una mayor incidencia que en el resto de España, de forma que, según ha concluido el representante del comité técnico de FOESSA Guillermo Fernández Maillo, «en Cantabria hay menos exclusión pero es más grave».

El informe determina, además, que en Cantabria el riesgo de exclusión mayor es más elevado en los hogares sustentados por personas entre 30 y 44 años, sobre todo en el caso de mujeres, inmigrantes, extra comunitarias y desempleadas, así como en familias de cinco o más miembros monoparentales.

futuro. De cara al futuro, Fernández Maillo ha apostado por políticas sociales de carácter integral, frente a las que afrontan problemas sectoriales como en la actualidad, para atacar al conjunto de dificultades que afectan a las personas víctimas de la exclusión social con problemas de vivienda, empleo, adicciones, maltrato o soledad.

Y ha subrayado de que la necesidad de apoyo a las personas mayores, que cada vez son más, se está «multiplicando exponencialmente» y representa una «bomba de relojería», por lo que, según ha alertado, si Cantabria no presta atención al fenómeno de envejecimiento de su población «verá un aumento de la exclusión social» como está ocurriendo en otras comunidades autónomas en situación similar.

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