En una votación ―esta vez sí― histórica, el Congreso de los Diputados ha aprobado en la tarde de este jueves la primera ley que regulará en España el ejercicio del derecho a la eutanasia. La propuesta impulsada en su día por el PSOE ha obtenido un amplio respaldo, con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones, más allá de la mayoría que normalmente apoya al Gobierno, a la que se han sumado Ciudadanos, Junts per Catalunya y la CUP. Solo la derecha ―PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro― se ha opuesto a la ley, que ahora tiene que pasar por el trámite del Senado y, si se cumplen las previsiones de sus promotores, entrara en vigor en las primeras semanas del nuevo año. España se convierte en el sexto país del mundo que reconoce el derecho a una muerte digna, tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.

La ley permitirá acogerse a ese derecho a las personas con alguna dolencia irreversible, que hayan reiterado hasta en cuatro ocasiones su deseo de poner fin a sus vidas y con los preceptivos informes médicos. Una norma “garantista”, según todos los grupos que la han apoyado, y que reconoce además el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. Portavoces de varios grupos han aprovechado la aprobación para rendir homenaje a personas que a lo largo de los años han luchado por el reconocimiento de este derecho, desde Ramón Sampedro a María José Carrasco o el doctor Luis Montes, destituido hace 15 años de su puesto en el hospital de Leganés después de que la Comunidad de Madrid lo acusase de sedar de modo irregular a pacientes en estado terminal.

Tras un duro debate sobre la vida, la muerte y el derecho de cada persona a poner fin a sufrimientos intolerables sin perspectiva de curación o mejoría, 198 diputados han votado a favor de la ley, 138 en contra y 2 se han abstenido, con lo que la norma pasará ahora al Senado y será aprobada definitivamente en 2021.

PP y Vox han reivindicado los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia, pero el resto del hemiciclo ha subrayado que no bastan y ha apostado por una ley considerada garantista y que amplía derechos despenalizando la ayuda médica a morir en un centro sanitario o en el domicilio, tras un proceso deliberativo y con el control de una comisión especifica.

El derecho a la eutanasia se incluirá como una prestación en el Sistema Nacional de Salud, el paciente deberá confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del proceso, y los médicos podrán acogerse a la libertad de conciencia.

Los nombres de Ramón Sampedro, Maribel Tellaetxe, María José Carrasco y su marido Ángel Hernández, el médico Luis Montes o la organización Derecho a Morir Dignamente han sido recordados en muchos de los discursos en una sesión que ha concluido con un largo aplauso.

"Como sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas; España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión", ha subrayado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante una ley que, ha dicho, impone "sentido común y humanidad".

Desde el PSOE, impulsor de la iniciativa, ha tomado la palabra la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, quien ha defendido una norma que avanza en derechos civiles; que piensa en la "condición humana", que es vida, pero también enfermedad, padecimiento y muerte; y que habla de "humanidad, empatía y compasión".

Carcedo ha querido dejar claro que el Estado "ni impone ni obliga", pues la eutanasia queda como una decisión autónoma del paciente, y ha rememorado cómo la derecha en el pasado se embarcó también en "batallas apocalípticas" ante otros derechos, que, "pasado un tiempo, se asumen y, pasado un tiempo, se practican".

Recordaba así, como han hecho Ciudadanos, Más País y EH-Bildu, el rechazo del PP a las leyes del divorcio, el aborto y el matrimonio homosexual.

Para el PP, sin embargo, esta ley es "una derrota para todos, un fracaso del sistema sanitario y de la sociedad", cuando la respuesta ante el sufrimiento de los vulnerables debería ser "no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse y dar cuidado, compañía, consuelo, amor y esperanza", en palabras de José Ignacio Echániz.

En su discurso, acogido con aplausos desde la bancada del PP, ha criticado que se despenalice la eutanasia en el año de la pandemia, en el que la sociedad ha contraído una deuda con los mayores y los sanitarios, y ha defendido un sistema de cuidados paliativos personalizados y avanzados como alternativa "justa, útil y oportuna" a una ley "injusta, inoportuna, chapucera e inconstitucional".

Más dura ha sido la intervención de la diputada de Vox Lourdes Méndez, quien ha denunciado que la ley supone una "tragedia para España" porque es "despiadada, injusta e ilegítima", "eugenésica y criminal", quebranta el derecho a la vida y "obliga al Estado a matar".

Méndez, que ha adelantado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional, ha afeado que el Congreso apruebe esta norma "mientras el mundo celebra el nacimiento del hijo de Dios" y ha acusado a los diputados que la apoyan de "instaurar la industria de la muerte".

Desde Unidas Podemos, Rosa María Medel ha insistido en que no implica ningún tipo de imposición, sólo un nuevo derecho, y ha criticado que el PP y Vox quieran negárselo a quienes no tienen dinero o no piensan como ellos, pues el derecho a una muerte digna, ha apuntado, "siempre ha existido para quien puede pagarla".

"Es falso que sea una ley de muerte: es una ley de vida que te permite vivir con la confianza de que morirás como tú quieres, no como los otros desean", ha afirmado desde ERC Pilar Vallugera.

"Hoy nadie pierde ningún derecho, todos avanzamos un poquito más en nuestra libertad", ha reiterado la líder de Cs, Inés Arrimadas, para ratificar su apoyo a una norma "garantista" que no impone creencias ni decisiones.

Tras una profunda reflexión, el PNV también ha considerado "moralmente aceptable" despenalizar la eutanasia con un texto "sólido" que da garantías y seguridad a pacientes y profesionales, desde el convencimiento, ha dicho Joseba Andoni Agirretxea, de que es obligado "legislar más allá del código ético de cada uno" y ser "misericordiosos" con el sufrimiento ajeno.

En la misma línea, JxCat ha rechazado imponer "la moral y la fe" de cada uno al resto de los ciudadanos.

Desde la tribuna del hemiciclo, al PP y a Vox solo se ha unido la voz de UPN. "Prefieren empujar al (suicida) del alero que darle los cuidados paliativos y la ayuda médica que necesita", ha lamentado el diputado Carlos García.