21.06.2021 |
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"Cada víctima de violencia de género es un ataque a la democracia"

Beatriz Micaela Carrillo, presidenta de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. EFE/Fermín Cabanillas/Archivo
Beatriz Micaela Carrillo, presidenta de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. EFE/Fermín Cabanillas/Archivo
"Cada víctima de violencia de género es un ataque a la democracia"

La pandemia ha generado situaciones de "máxima crueldad" para las víctimas de violencia de género, con un repunte de asesinatos tras el fin del estado de alarma, y la presidenta de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Beatriz Micaela Carrillo, exige combatirla sin perder ni un minuto porque cada asesinato es "un ataque a la democracia".

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"Cada vez que hay una víctima de violencia de género es sin duda un ataque a la democracia", subraya en una entrevista con Efe Carrillo, quien defiende el Pacto de Estado como "el verdadero faro" que ha de guiar todas las actuaciones para erradicar la violencia machista.

Aprobado en 2017 por las Cortes, aquel acuerdo comprometió 1.000 millones de euros para la lucha contra la violencia de género durante cinco años e incluía más de 200 medidas para mejorar la protección, la prevención, la sensibilización y la reparación de todas las violencias machistas, no sólo la que se comete en el ámbito de la pareja y la expareja. No todas se han puesto en marcha en estos cuatro años.

Desde el final del estado de alarma, hace justo un mes, se ha producido un repunte de asesinatos machistas: nueve mujeres y un menor han sido víctimas mortales de la violencia de género, más de la mitad de todos los asesinatos perpetrados en el 2021.

Los expertos asocian este incremento al fin de las restricciones debido a que los agresores sienten que pierden su control sobre las víctimas y ante esta situación, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha llamado a todos los actores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a diagnosticar qué falla para mejorar protocolos y herramientas de protección de mujeres y niñas.

Congreso y Senado crearon sendas comisiones para vigilar el cumplimiento del Pacto, cuya vigencia caduca en 2022 y el Gobierno tiene la intención de blindarlo para garantizar su permanencia en el tiempo y su financiación, para que la lucha no dependa de colores políticos ni de quién esté en el Ejecutivo.

Carrillo preside la Comisión en la Cámara Baja y asegura que su prioridad "como feminista, socialista, como mujer y como gitana" es la batalla contra la desigualdad y el "terrorismo machista": "Merece toda la atención de las instituciones públicas y todos los recursos disponibles".

Pero no sólo ahora, ante el aumento de asesinatos, ni en momentos puntuales, exige, sino que instituciones y sociedad deben estar "siempre alerta" porque sólo así se erradicará la violencia machista.

A su juicio, el Pacto de Estado es clave para alcanzar ese fin: "No podemos perder el tiempo, gran parte de lo que hay que hacer para erradicar la violencia de género está claramente recogido en medidas del Pacto. Cuando tenemos una herramienta tan potente hay que exprimirla al máximo y no sólo en momentos puntuales", dice.

Ante la intención de Igualdad de "institucionalizar" ese Pacto para garantizar su permanencia, estima que la Comisión del Congreso debe ser la que analice cómo se realizará la renovación, "que para eso está".

Considera, de hecho, que el Pacto está institucionalizado, pues fue fruto de un grandísimo consenso, y que no puede caducar: "Si hay que mejorarlo, aunque creo que es inmejorable como texto porque aborda todos los ámbitos de la violencia sobre la mujer, su continuidad será fruto del poder legislativo y del ejecutivo".

Carrillo está convencida de que se volverá a alcanzar un gran acuerdo para su renovación, a pesar de la existencia de un partido que quiere "derrocarlo" y que ha hecho del negacionismo de la violencia contra las mujeres "su caballo de batalla".

"No tengo dudas de que en esta línea vamos a estar enfrente del negacionismo de la extrema derecha", que pretende que no se aborde la violencia de género como un problema estructural y de Estado, sino como un asunto privado y aislado, reflexiona la presidenta de la Comisión.

Desde 2003, 1.095 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 17 de ellas en lo que va de 2021.

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