¿Bomba de humo? Ciertos juristas presentan una querella en el Supremo contra el rey Juan Carlos I por fraude fiscal
Un grupo de juristas e intelectuales presenta una querella contra el rey emérito Juan Carlos I en el Tribunal Supremo, acusándolo de fraude fiscal y solicitando que sea imputado por cinco delitos no prescritos.
Juristas e intelectuales presentan una querella en el Supremo contra el rey Juan Carlos I por fraude fiscal
Un grupo de exmagistrados, exfiscales anticorrupción, juristas e intelectuales ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos de fraude fiscal. La acción legal, que busca impugnar la regularización tributaria que el monarca realizó en 2021, argumenta que dicha maniobra no cumplió con los requisitos legales necesarios y que, además, encubrió una serie de delitos que, según los querellantes, no han prescrito.
La querella, adelantada por eldiario.es, consta de 20 páginas y atribuye a Juan Carlos I cinco delitos fiscales cometidos entre 2014 y 2018, años posteriores a su abdicación. Los firmantes acusan al emérito de utilizar instrumentos opacos, como las fundaciones Zagatka y Lucum, ubicadas en Liechtenstein y Suiza, para ocultar bienes y dificultar el cálculo de las cantidades defraudadas.
Delitos que podrían llevar al emérito a declarar como imputado
Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas como los exfiscales anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, los exmagistrados del Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger, así como juristas e intelectuales de renombre como Javier Pérez Royo, Pilar del Río y Josep Ramoneda. El grupo sostiene que las actuaciones del rey emérito deben ser calificadas como fraude fiscal agravado, que conlleva penas de dos a seis años de prisión y no prescribe hasta una década después.
Los querellantes argumentan que la regularización fiscal de 2021, aceptada por la Fiscalía para archivar la investigación sobre el emérito, fue una acción calculada para evitar la imputación. Según su análisis, Juan Carlos I ya era consciente de que estaba bajo investigación cuando realizó el pago, lo que, según ellos, deslegitima su validez como eximente de responsabilidad penal.
Testigos clave en la investigación
En su escrito, el grupo solicita que el Supremo cite como imputado a Juan Carlos I y que comparezcan como testigos personas de su entorno cercano y figuras clave en la gestión de sus finanzas. Entre los nombres destacan su primo Álvaro de Orleans, señalado por financiar vuelos privados y otros gastos, el empresario mexicano Allen Jesús Sanginés-Krause, y los gestores suizos Arturo Fasana y Dante Canónica, vinculados a cuentas y fundaciones asociadas al monarca. También piden interrogar a Javier Sánchez-Junco, abogado del emérito en su proceso de regularización fiscal.
Además, exigen la declaración de representantes de bancos suizos, empresas y agencias de viajes relacionadas con los supuestos pagos opacos, así como de testigos clave en las transacciones realizadas a través de las fundaciones Zagatka y Lucum.
¿Qué busca la querella?
El grupo de querellantes asegura que su motivación es la defensa del interés general y los principios de igualdad y solidaridad. Piden al Supremo que investigue a fondo los hechos y que, en caso de condena, se aplique la pena mínima privativa de libertad debido a la avanzada edad del emérito (86 años), pero solicitan que se imponga una multa de la cuantía máxima permitida por la ley.
En su escrito, han solicitado una fianza simbólica de un euro para personarse como acusación popular, subrayando que su intención no es económica, sino “potenciar el valor superior de la Justicia y la igualdad ante la ley”.
Impacto político y judicial
Esta querella revive el debate sobre la protección judicial del rey emérito y su papel en la historia reciente de España. Aunque la Fiscalía archivó su investigación en 2021 tras aceptar su regularización tributaria, los nuevos argumentos presentados por este grupo de juristas e intelectuales podrían reabrir un caso que afecta directamente a la imagen de la monarquía en España.
Por el momento, el Tribunal Supremo deberá decidir si admite a trámite esta querella, que podría convertirse en un caso histórico y marcar un precedente sobre la responsabilidad legal de antiguos jefes de Estado.
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