Vecinos y asociaciones afectadas por la ocupación en Cantabria han colaborado en la edición de un documento con 56 propuestas para incluir en el debate del pleno de cada Administración Pública de la Comunidad y de todo el país, referente a la problemática de ocupación e inquiocupación (inquilinos morosos).

En concreto, en una carta dirigida a Ayuntamientos y Corporaciones Locales, la Plataforma de Afectados por la Ocupación, destacan el «sufrimiento» que muchas familias están padeciendo ante el desamparo legal en la que se encuentran.

Son ya muchas familias sufriendo las consecuencias de un desamparo de una ley «injusta que solo valora a un único agente del conflicto: los ocupas e inquiocupas». En los últimos años ha crecido el número de casos de inquiocupación, -inquilinos morosos-, que permanecen durante años amparados por la lentitud de la Justicia, el RD 11/20 y ante el abandono de unos Servicios Sociales que no dan alternativa habitacional. Por ello, solicitan «a todo cargo público, indistintamente de las ideas que represente, la consideración de la perspectiva de las víctimas en cualquier acción que puedan tomar relacionada con el problema».

«Es fundamental que se nos valore como víctimas de un delito: A veces contra nuestra propiedad. Y otras derivadas de la pésima convivencia en las ocupaciones indirectas y la inacción de los grandes fondos de inversión y entidades bancarias», continúa el comunicado.

La Plataforma solicita ayudas «reales» a los vulnerables verdaderos. Denuncian que se encuentran con «falsos» vulnerables, que utilizan la normativa actual para favorecer sus intereses. «Hay casos de vulnerables con buenos coches, teléfonos de alta gama o gastos en locales de ocio.

Mientras tanto, aumentan los casos de pequeños propietarios convertidos en vulnerables, pero no amparados por la legislación por ser los propietarios», afirma esta plataforma.

Por todo ello, proponen una batería de acciones a las corporaciones locales para que, desde su nivel administrativo, puedan seguir luchando contra la ocupación y ayudando a los afectados de la misma.

Junto a la carta, presentan 56 propuestas de mejora referente a Servicios Sociales, a Policía Local, a ayudas económicas directas a víctimas de ocupación e inquiocupación, a ayudas para promover el alquiler, a área de Padrón, a la mala convivencia y delincuencia relacionada con pisos ocupados / inquiocupados, o referente a área de Urbanismo. Una serie de propuestas económicas y sociales para ayudar a los vecinos afectados.

Ayuntamientos de Cantabria donde se han registrado las propuestas

El documento ya se ha presentado en los Ayuntamientos de: Santander, Torrelavega, Corrales de Buelna, Arenas de Iguña, Anievas, Reinosa, Santiurde de Reinosa, Cabezón de la Sal, San Felices de Buelna, Los Tojos, Bárcena de Pie de Concha, Campoo de Suso, Campoo de Enmedio, Cartes, Cieza, Molledo, Reocín, Suances, Hermandad de Campoo de Suso, Comillas, Laredo, Camargo, Polanco, Castañeda y Miengo.

Además de Cantabria, miembros de la plataforma han afirmado que, si pueden, lo registrarán en cada uno de los Ayuntamientos de cada Comunidad Autónoma del país.

Algunas Comunidades ya están legislando, Cantabria aún no

Algunos gobiernos autonómicos ha propuesto reformas legislativas para luchar contras las ocupaciones ilegales de inmuebles con carácter delictivo. Pretenden así dar «herramientas» a sus ayuntamientos que se declaran impotentes para luchar contra actividades que generan «alarma social» y degradan los barrios en viviendas ocupadas. 

A través de modificaciones en la normativa autonómica, el gobierno catalán, por ejemplo, podría obligar a los propietarios de estos inmuebles conflictivos, presumiblemente grandes tenedores, a enfrentarse a multas de hasta 90.000 euros si no reclaman a los tribunales un proceso de desalojo. También a ceder a la Administración estas viviendas para su uso social si no colaboran. 

Estas propuestas que algunas Comunidades Autónomas están estudiando, pretenden dar a los ayuntamientos un paraguas jurídico «sólido» para manejar este tipo de circunstancias. Cuando un Ayuntamiento detecte que una finca ocupada ilegalmente produzca actividades que dañen la convivencia de la localidad, solicitará al propietario del inmueble que inicie la acción judicial de desocupación. Si en un mes dicho propietario no ha realizado esta acción ante un tribunal, tanto el Ayuntamiento como la comunidad de vecinos podrán iniciar el proceso de desalojo. Una vez se presente la denuncia, la decisión final será del juez, que deberá contar con pruebas aportadas por estas entidades locales que demuestren los delitos. 

Según afirman algunos Ayuntamientos, los grandes propietarios, como entidades financieras o fondos buitres, son los que «se desentienden» de estos conflictos cuando grupos criminales como las «mafias» ocupan una vivienda suya para actividades delictivas. También han señalado a la SAREB como «parte del problema». Muchos de los pisos conflictivos ocupados son propiedad de esta empresa que el Estado controla desde abril de 2022, al poseer la mayoría de sus acciones, por lo que algunos alcaldes reclaman al Gobierno central el traspaso de los pisos vacíos de esta entidad, para ofrecerlas como vivienda social. 

Cantabria, por el contrario, sigue paralizada al respecto y no ha habido avances de ningún tipo sobre reformas legislativas que protejan al propietario. Por ello, algunos afectados, como Elina, que tiene su vivienda okupada desde 2019 en el barrio de Nueva Ciudad, Torrelavega, ha registrado esta propuesta de 56 medidas en casi todos los ayuntamientos de la región y en algunos también del País Vasco. 

«Voy a registrar las propuestas en todos los Ayuntamientos y todas las Comunidades Autónomas que pueda, para que llegue al Congreso de los Diputados del Gobierno de España y hagan finalmente una Ley Estatal que nos proteja de los delincuentes», ha sentenciado Elina.