El Gobierno resta importancia a los antecedentes en plena regularización masiva

El Gobierno ha restado importancia a los antecedentes policiales de los inmigrantes, al asegurar que estos “no implican culpabilidad o condena”, en una respuesta oficial remitida al Congreso de los Diputados tras una pregunta formulada por Vox sobre la relación entre inmigración y delincuencia.

La formación liderada por Santiago Abascal solicitó datos concretos sobre el número de inmigrantes ilegales con antecedentes penales en sus países de origen, con especial atención a los de origen marroquí. En su iniciativa parlamentaria, Vox citó cifras de Instituciones Penitenciarias que apuntan a que más de la mitad de los reclusos menores de 22 años en España son de origen extranjero.

Interior admite que no tiene acceso a antecedentes en origen

En su contestación por escrito, el Ejecutivo reconoce que el Ministerio del Interior no tiene acceso a los antecedentes penales de los países de origen de las personas migrantes. Argumenta que se trata de información interna de cada Estado y que no forma parte de las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, el Gobierno rechaza que exista una correlación entre inmigración e incremento de la delincuencia, y acusa a Vox de partir de una “premisa que no es cierta”. Según el Ejecutivo, el hecho de que en las estadísticas de criminalidad aparezca la nacionalidad extranjera no implica necesariamente que se trate de inmigrantes irregulares, ya que pueden ser residentes legales o incluso turistas.

España recibe más de 85 millones de visitantes al año, recuerda el Gobierno, subrayando que la categoría de “extranjero” en las estadísticas no distingue entre perfiles migratorios.

Debate en plena regularización masiva

La polémica se produce en un momento clave, ya que el Ejecutivo prepara un proceso de regularización masiva de inmigrantes, cuyo borrador establece como requisito no representar una amenaza para el orden público ni contar con antecedentes penales.

El texto contempla que el solicitante deberá acreditar que carece de antecedentes en su país de origen o en aquellos donde haya residido en los últimos cinco años. Sin embargo, si transcurre un mes desde la solicitud del certificado sin recibir respuesta, el Gobierno podrá intentar recabar la información directamente. Y, en caso de no obtener contestación, el inmigrante podrá presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales, que se dará por válida a efectos del proceso.

Este punto ha generado críticas desde sectores policiales, que advierten de la dificultad material para verificar la identidad y el historial de un volumen elevado de solicitantes con los medios actuales. Según estimaciones internas, comprobar de forma exhaustiva los antecedentes podría prolongarse durante más de un año.

El Ejecutivo defiende que no hay relación directa

Frente a las acusaciones de alarma social, el Gobierno insiste en que los datos de criminalidad no prueban una relación directa con la inmigración irregular. Subraya además que los antecedentes policiales no equivalen a condenas firmes, ya que la culpabilidad corresponde determinarla a los órganos judiciales.

El debate se intensifica en un contexto de discusión pública sobre seguridad, inmigración y regularización, con posiciones enfrentadas entre el Ejecutivo y la oposición acerca del impacto real de los flujos migratorios en los índices de delincuencia y el sistema penitenciario.