El pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado, con el voto favorable de todos los grupos salvo Vox que se ha mostrado en contra, declarar la capital cántabra como "Ciudad libre de racismo" proclamando “el derecho de toda persona a vivir libremente y sin presiones de acuerdo a su raza, creencia o identidad”.

Esta iniciativa, presentada por el grupo socialista, ha contado con el apoyo, no solo del resto de los grupos de la oposición, sino también con el de los grupos que conforman el equipo de Gobierno (PP y Ciudadanos), que pese a respaldar la iniciativa, han hecho hincapié en que Santander no tiene un problema de racismo.

En este sentido, la concejal de Inmigración, Lorena Gutiérrez, ha subrayado que Santander "lleva muchos años" trabajando en este ámbito y ya es una ciudad libre de racismo.

Por su parte, Guillermo Pérez Cosío ha destacado que vota en contra de la moción porque: "Niego la mayor, niego que este país sea racista. No existe un problemas de racismo en España".

Así ha prosperado esta iniciativa en la que también se pide que el Ayuntamiento de Santander asuma el compromiso de apoyar actos para "erradicar esta lacra social”; y que se pongan en marcha campañas educativas, de concienciación y formación de la sociedad en general y del alumnado, familias y profesorado en particular.

También se ha aprobado, por unanimidad, una moción de Vox, con una enmienda transacional del PRC, para instar al Ayuntamiento de Santander a cumplir el acuerdo plenario de constituir una Mesa de Movilidad, para que "antes de que finalice el año, la ciudad cuente con un proyecto de ordenanza en materia de movilidad sostenible y un borrador de un nuevo Plan de Movilidad".

Pérez Cosío ha aceptado dejar así la propuesta de resolución, que modifica su planteamiento inicial de instar al equipo de gobierno a presentar en el plazo de 30 días un proyecto de ordenanza de movilidad sostenible.

Un plazo imposible de cumplir, según ha apuntado el portavoz del grupo popular, César Díaz, que ha añadido que el próximo de julio se reunirá un grupo de trabajo para poder "tener un esquema" de plan de movilidad sostenible.

DÍA ORGULLO LGTBI

Ante la próxima celebración, el 28 de junio, del Día Nacional del Orgullo LGTBI, en el pleno del Ayuntamiento se han debatido sendas iniciativas presentadas por el grupo socialista y Unidas por Santander, respectivamente, en las que se reclaman, entre otras cosas, que se siga mejorando e implantando el plan de convivencia escolar para la igualdad de trato para las personas LGTBI y a adoptar todas las medidas necesarias a erradicar cualquier tipo de "LGTBIfobia".

Ambas propuestas han sido aprobadas con el voto a favor de los dos grupos que las han defendido y el apoyo de regionalistas y Ciudadanos, mientras que el grupo popular se ha abstenido y Vox ha votado en contra, porque, ha explicado Guillermo Cosio, rechaza que la utilización de la sexualidad como arma política, la ideología de género y el adoctrinamiento en las aulas.

Entre las diversas medidas que reclaman ambos grupos, esta la reivindicación de la aprobación de la ley LGTBI, la ley integral de igualdad de trato y no discriminación y la ley trans, así como una normativa específica contra delitos de odio. Y, a nivel municipal, que se ayude a visibilizar las situaciones de conflicto que puedan afectar al colectivo LGTBI allá donde existan.

El concejal de Igualdad, Álvaro Lavín (PP), se ha mostrado "de acuerdo" con el fondo de las iniciativas de PSOE y UxS, pero no con la forma de presentarlas. En este sentido, les ha reprochado la "utilización política" de este asunto y que "abanderen una causa que es de todos", porque, en su opinión, se debería haber planteado una declaración institucional como la propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, ha considerado que parte de los puntos de las mociones son competencia de otras instituciones y, las que son municipales, "ya están en el Plan de Igualdad" de Santander.

Por otra parte, el pleno ha aprobado, por unanimidad, a propuesta del grupo regionalista, instar al equipo de gobierno a la convocatoria inmediata del Consejo Municipal de la Cultura y renovación de sus miembros en un plazo no superior a tres meses.

La oposición ha reprochado que el Consejo llevara "dos años sin reunirse" hasta que llegó la pandemia de COVID-19, a los que se suman los tres meses del estado de alarma, por lo que "aún hay miembros de la anterior Corporación".