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El Diario de Cantabria

Santander acusa a Quiñones de impedir el disfrute de las playas en condiciones «óptimas»

La edil Rojo considera «insultante» que la delegada del Gobierno en Cantabria «justifique una multa de Costas por carecer de permiso, cuando se ha solicitado en reiteradas ocasiones y no se ha respondido»

Varias personas entran en la segunda playa del Sardinero en Santander. / J.R.
Varias personas entran en la segunda playa del Sardinero en Santander. / J.R.
Santander acusa a Quiñones de impedir el disfrute de las playas en condiciones «óptimas»

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha acusado a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, de “eludir” sus responsabilidades e “impedir” que los santanderinos disfruten de sus playas con unas “condiciones óptimas” de arena.

Para la edil es “insultante” que la máxima autoridad del Ejecutivo central en Cantabria “justifique una multa de Costas por carecer de permiso cuando se ha solicitado en reiteradas ocasiones y no se ha respondido a dicho requerimiento”.

“Ni lo hacen -incumpliendo su obligación-, ni autorizan al Ayuntamiento –dando la espalda a los santanderinos- y encima sancionan, penalizando al Consistorio por preocuparse por garantizar la seguridad de las playas”, subraya.

Así ha reaccionado Rojo después de que Quiñones haya destacado en una nota de prensa que la Demarcación de Costas han sancionado al Consistorio con 300 euros por “mover arena sin autorización” algo que el Consistorio “sabe perfectamente que no puede hacer”.

Rojo ruega a Quiñones que no simplifique los hechos con una mera confrontación del Ayuntamiento contra el Gobierno.

“Nos ignoran, nos mienten y encima ahora pretenden echarnos la culpa de redistribuir sin permiso una pequeña cantidad de arena para garantizar la seguridad de los ciudadanos -220 metros cúbicos- tapando unas rocas”, indica la concejala”.

La concejala insiste en que el trato “indignante, vergonzoso y lamentable” que están recibiendo los santanderinos por parte de Costas y del Ministerio de Transición Ecológica “supera todos los límites de desprecio y dejadez".

Además, recuerda a Quiñones que su compañero de partido y también ex concejal de Santander, el diputado nacional Pedro Casares, " aseguró públicamente el pasado día 8 que el Gobierno de España no se niega” a los movimientos de arena".

En este sentido, añade que Casares afirmó que el Ayuntamiento podía efectuar “mañana mismo si quiere” movimientos menores en los arenales dirigidos a resolver problemas en los accesos de las playas o para evitar problemas de seguridad en ellos.

Rojo alude a la “peligrosidad de algunos accesos” como el de la Segunda playa de El Sardinero que tiene una rampa “totalmente inaccesible y acordonada”, además del gran número de rocas repartidas por distintas zonas o la imposibilidad de habilitar la pasarela de madera que permite el tránsito a pie o en bicicleta desde Los Peligros hasta La Magdalena, por ausencia de arena en esos tramos. 

Costas sanciona con 300 euros a Santander por "mover arena sin autorización"

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha indicado que la Demarcación de Costas en la Comunidad Autónoma ha sancionado con 300 euros al Ayuntamiento de Santander por “mover arena sin autorización” algo que el Consistorio “sabe perfectamente que no puede hacer”. Quiñones ha lamentado que el Consistorio santanderino gobernado por PP y Ciudadanos “esté tratando de confundir a la ciudadanía” al acusar a Costas de sancionarle por intentar garantizar la seguridad “cuando sabe que la sanción es por actuar sin permiso”. “¿Qué hace el Ayuntamiento cuando un santanderino hace algo sin permiso o autorización, por ejemplo una obra? Pues le sanciona”, ha explicado la delegada del Gobierno, quien ha señalado que “a la práctica totalidad de los ciudadanos les sorprenderá la cantidad de la sanción interpuesta por Costas al Ayuntamiento”.

“El Ayuntamiento ha incumplido la normativa de Costas y es por esa razón por la que se establece una sanción de 300 euros, que es simplemente testimonial ante un ejercicio de irresponsabilidad al no cumplir las leyes como están obligadas todas las administraciones, quieran hacer lo que quieran hacer”, ha añadido Quiñones.

Además, esa sanción de 300 euros “puede reducirse en un 20 % si el Ayuntamiento admite su responsabilidad y otro 20 % por pago voluntario” lo cual “evidencia aún más que al equipo de Gobierno en el Consistorio santanderino le importa más la confrontación entre instituciones que trabajar de forma leal y conjunta en beneficio de los intereses de los santanderinos”.

En cualquier caso, la delegada del Gobierno ha indicado que no le sorprende la forma de proceder del Ayuntamiento y ha criticado que el equipo de gobierno encabezado por Gema Igual “no pidió autorización a Costas para mover arena en las playas sino que se limitó a remitirle un escrito anunciando que lo iba a hacer, sabiendo de antemano que no podía”.

“Han tratado de confundir a los ciudadanos diciéndoles que iban a redistribuir arena en las playas y, al recibir la contestación de Costas indicándoseles que no podían aunque era algo que ya sabían, salir a los medios de comunicación como si fuesen víctimas de una injusticia”, ha criticado la delegada del Gobierno, que ha insistido en que “Costas solo ha hecho su trabajo: sancionar al que modifica el estado de la playa sin autorización”. “Aquí nadie desprecia a los santanderinos, nadie hace asumir gastos al Ayuntamiento que no le corresponden ni impone multas por imponer. Se hacen cumplir las leyes como ocurre con cualquier ciudadano o con cualquier administración”, ha apostillado. Quiñones ha asegurado además que el escrito de Costas al Ayuntamiento remitido el 1 de julio, solo 24 horas después de recibir el del Consistorio, “era muy claro”. El escrito indicaba al Ayuntamiento que solo podía hacer “pequeñas actuaciones” para resolver, por ejemplo, descalces en los accesos a los arenales con “pequeños movimientos de arena”, y que cualquier otra actuación de mayor envergadura requiere de “estudios” técnicos y ambientales, así como una reflexión sobre “cómo puede condicionar a la estabilidad futura de la playa en aras a un uso más cómodo en el corto plazo”. Por ello, la delegada del Gobierno ha indicado que “la sanción al Ayuntamiento de Santander, además de ser de muy pequeña cuantía, es justa porque se actuó a pesar de saber que no podía hacerlo porque carecía de autorización para ello”. EFE rgr

Santander acusa a Quiñones de impedir el disfrute de las playas en condiciones «óptimas»
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