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El Diario de Cantabria

El PSOE pide la reprobación de Igual y De la Serna por el "desastre" del contrato basuras

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández
El PSOE pide la reprobación de Igual y De la Serna por el "desastre" del contrato basuras
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Santander ha presentado una "moción extraordinaria y urgente" en la que piden que se repruebe a los dos últimos alcaldes, Íñigo de la Serna y Gema Igual, por considerarlos "culpables" de un contrato y una fiscalización "desastrosa" del servicio de recogida de basuras y de haber "mirado para otro lado" ante los reiterados incumplimientos de la adjudicataria del servicio.

Así lo ha anunciado el portavoz socialista, Daniel Fernández, quien ha explicado que en esa iniciativa, que ha presentado con la intención de que sea debatida en el pleno de este jueves, también se pide la reprobación de los equipos de gobierno de las dos últimas legislaturas y de los respectivos concejales de Medio Ambiente, María Tejerina y José Ignacio Quirós; así como la de César Díaz, que fue gerente del servicio de recogida de basuras del grupo Sadisa antes de ser concejal de Urbanismo.

Fernández, en conferencia de prensa, ha pedido esta reprobación de los últimos gobiernos del PP por su "responsabilidad en las irregularidades en el contrato de basuras", que han llevado a tener "al menos 7 millones de euros de déficit, 3 de ellos en incumplimientos de personal", además de "una ciudad más sucia que nunca".

Fernández ha ido analizando de manera pormenorizada todas las “graves” irregularidades que aprecia en su análisis de la información que facilitó la alcaldesa en la Junta de Portavoces extraordinaria y urgente que se convocó el lunes.

El portavoz socialista asegura que el PP es el “máximo responsable del desastre en el servicio de basuras” por adjudicar un servicio público esencial en una ciudad como Santander “con un 20% de baja en un contrato de 10 años, que ha perjudicado a los vecinos y a los trabajadores”; y por "mirar para otro lado en los incumplimientos del contrato en todos estos años”.

Fernández se ha preguntado "qué mente ilustrada pensó que todo iba a salir bien", con una reducción del contrato del 20 % en una ciudad que en 2013 tenía más calles que limpiar que en el anterior contrato.

Entre las "gravísimas” las conclusiones que Fernández extrae del informe financiero realizado por el interventor, destaca que el anterior concejal de Medio Ambiente José Ignacio Quirós, "que había trabajado para la adjudicataria del servicio", José Ignacio Quirós, “se pasó la legislatura 2015-2019 conformando facturas, sin ser el responsable del contrato”.

A juicio de Daniel Fernández, durante dos legislaturas no ha habido fiscalización del contrato, lo cual quiere decir que “el PP se pasó dos legislaturas mirando para otro lado, sin perseguirlos incumplimientos, sin fiscalizar el contrato y sin imponer sanciones”.

Fernández considera "más grave” que el PP "puso al lobo a cuidar a las gallinas”, porque fue la Fundación Leonardo Torres Quevedo, “que era la que fiscalizaba el anterior contrato”, la que marcó las condiciones de fiscalización en el pliego. Posteriormente, entre el 2013 y 2018, la Fundación estuvo cobrando de Ascan-Geaser por la fiscalización que no se hizo “y que encima estábamos pagando todos los santanderinos”.

Fernández subraya que el informe del interventor diferencia entre dos etapas, una en la que no hubo control alguno, y otra en la que se contrata primero a la Fundación, después a la empresa Apia XXI, que deriva en Louis Berger, y que ahora es una multinacional canadiense “que desde el año pasado sí está controlando”.

“Antes de 2019 no hubo fiscalización", enfatiza Fernández y explica que todo dependía de que la adjudicataria pusiera en marcha una plataforma de gestión ‘All Waste’ que debía saber las necesidades que había, como por ejemplo si un contenedor o una papelera estaban llenos.

Y hace hincapié en que el informe del interventor dice textualmente que “la empresa que suministra a la UTE el sistema de gestión es adjudicataria del contrato con el Ayuntamiento de implantación de la plataforma Smart City, por lo que es aún más incomprensible que no éste funcionando la plataforma en las condiciones requeridas, ni los problemas para el volcado de datos”.

Según Fernández, la concesionaria de limpieza pagó más de un millón de euros hasta 2018 a NEC Ibérica, una de las empresas adjudicatarias de la plataforma Smart City y a la que pasó a formar parte del consejo asesor el exalcalde Íñigo de la Serna cuando dejó de ser ministro de Fomento.

“Un millón de euros por no asesorar demasiado bien a Ascan Geaser” y que “sólo fue plataforma de ascenso político de Íñigo de la Serna”, ha denunciado Fernández.

Por último, ha pedido retomar el control de los servicios públicos esenciales y que se abra el debate de la remunicipalización “porque el modelo del PP ha fracasado estrepitosamente”. 

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