La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo, ha asegurado este viernes que el nuevo contrato del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria, en licitación por 22,7 millones de euros y un plazo máximo de 10 años sin posibilidad de prórroga, "incluye la revisión de precios, el mantenimiento de los puestos de trabajo y el cumplimiento obligado de los sucesivos convenios colectivos".

Así lo ha manifestado Rojo este viernes en nota de prensa, después de que la Federación UGT-Servicios Públicos haya impugnado la licitación y los pliegos por "tasar el coste laboral con el antiguo convenio", y ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja para dar respuesta a dicho recurso, que se remitirá a lo largo de los próximos días.

Para Rojo la información facilitada por UGT "es sesgada y tiene el objetivo de intentar sembrar dudas". "Conocen que los convenios aprobados y vigentes, son de obligado cumplimiento y así deberá asumirlo la empresa adjudicataria. El convenio actual tiene vigencia hasta 2024 y posteriormente se negociarán otros que deberán respetarse. Nada de esto invalida el contrato", ha señalado la edil, que ha apuntado que "UGT sabe que los salarios están garantizados por convenio".

Igualmente, ha aclarado que el presupuesto base de licitación es "una aproximación" que se calcula con los datos de los que dispone la Administración en el momento de los actos preparatorios del contrato y ha reiterado que "es suficiente para cubrir todos los costes".

La responsable de Medio Ambiente ha incidido en las "mejoras" en el servicio, entre las que se encuentran que todos los medios materiales sean de nueva fabricación y la subrogación de toda la plantilla, dado que no se permite ninguna amortización de puestos.

"Nuestro objetivo es lograr los más altos estándares de calidad en la limpieza de Santander y por eso hemos elaborado unos pliegos muy detallados, con un estricto control a la empresa adjudicataria y multas tipificadas de leves, graves y muy graves que pueden llevar a la rescisión del contrato", ha añadido.

Según ha recordado, los pliegos establecen el aumento de los volúmenes de contenerización, de forma que los vecinos tendrán más espacio para la recogida de residuos y las recogidas serán separadas según la nueva Ley de Residuos cuyas novedades se han incorporado en su totalidad al documento.

Asimismo, se incrementa la frecuencia mínima a días alternos en papel-cartón, envases y residuos de envases y también se mejora la atención ciudadana con la puesta en marcha de redes sociales y la apertura de una oficina de forma presencial de lunes a viernes en horario de mañana y tarde atendida por personal cualificado que responda a las incidencias/quejas y sugerencias de los vecinos, debiendo incorporarse a la plataforma de gestión, y, para aquellas cuestiones que no se puedan responder en el momento se establece un plazo no superior a 48 horas.

En limpieza viaria se deberán realizar planes de choque el primer año para limpiar las pintadas en fachadas, vías públicas, mobiliario urbano o aparcamientos; así como la retirada de carteles y pancartas y limpieza intensiva de pavimentos.

También como novedad se exigen medidas de formación y sensibilización dirigidas a la población en relación con la prevención de residuos y su peligrosidad, la reutilización, la recogida separada, la preparación para la reutilización y el reciclado, las consecuencias de la gestión indebida de los residuos y del abandono de basura dispersa y la limpieza viaria.

Todas estas mejoras -que llevan incorporadas inversiones de 1,8 millones de euros el primer año-, se adaptarán a la evolución de la trama urbana del municipio, por lo que los licitadores deben prever en su oferta la evolución de la ciudad a 10 años, de forma que se garantice una prestación global con altos niveles de calidad independientemente del año de vida en el que se encuentre el contrato y la evolución que pueda o no experimentar la ciudad.

Las inversiones contempladas el primer año afectan a la recogida neumática, con una puesta a punto estimada en 500.000 euros y la obligación del mantenimiento integral a cargo de una empresa tecnológica; la recogida soterrada, por 920.000 euros; la reposición de papeleras, por 100.000 euros; y los tres planes de choque de pintadas, pavimentos y retirada de carteles, por 280.000 euros.

UGT impugna la licitación

La Federación UGT-Servicios Públicos ha impugnado la licitación y los pliegos del contrato del servicio municipal de la limpieza viaria y la recogida y transporte de residuos urbanos del Ayuntamiento de Santander porque "los costes del personal se han calculado con el antiguo convenio colectivo ya caducado de Ascan-Geaser (2017-2021) y no con el que está en vigor".

Según el recurso interpuesto por UGT ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), el documento de licitación precisa que "el convenio colectivo en vigor es otro distinto, el de la empresa Prezero España, lo que implicaría en caso de salir adelante una infracción legal y una manifiesta insuficiencia en cuanto a los costes de personal si se compara el convenio erróneamente utilizado y el actual".

El sindicato considera que las consecuencias de este cálculo de los costes laborales de acuerdo al antiguo convenio de Ascan-Geaser "son lesivas para los derechos de los trabajadores adscritos a la prestación del servicio, a los cuales UGT legítimamente representa".

UGT ha señalado que tal y como está calculado el coste laboral del personal "generaría un déficit de 6.186.863 euros en los tres primeros años de ejecución si se compara con el convenio colectivo vigente".

Según la estimación del sindicato, "implicaría una insuficiencia presupuestaria de 1.165.776 euros en 2024, de 2.210.696 euros en 2025 y de 2.810.391 euros en 2026".

Para la Federación de UGT-Servicios Públicos la licitación y los pliegos planteados por el Consistorio santanderino "pone en riesgo el adecuado cumplimiento de las obligaciones de la empresa que resulte adjudicataria porque el presupuesto base de licitación y el precio del contrato no se ajustan a la realidad".

Por ello, el sindicato ha pedido la suspensión cautelar del proceso de licitación exclusivamente en las cláusulas sobre el coste del personal "para evitar un claro perjuicio a todas las personas trabajadoras afectadas", aunque su impugnación afecta a la licitación del contrato en su conjunto.

UGT ha explicado que "al tenerse que aumentar forzosamente los costes del personal para ajustarlos al convenio colectivo vigente, se altera de por sí el presupuesto base de licitación y el precio del contrato porque se trata de la mayor partida económica de los costes".

De esta forma, ha solicitado que se anule tanto el anuncio de licitación como los pliegos del contrato, y se ordene la retroacción del procedimiento con objeto de que se lleve a cabo un nuevo cálculo y desglose del presupuesto base de licitación y del precio "que sea adecuado".