El Ministerio de Defensa ha ofrecido al Ayuntamiento de Santander la cesión, no gratuita, de la totalidad de la finca de La Remonta mediante la prórroga, por un periodo de cinco años, del convenio suscrito en 2015, y está a la espera de la respuesta del Consistorio.

Así lo ha señalado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el debate de la interpelación defendida en el Congreso de los Diputados por el diputado nacional del PRC, José María Mazón, con la que quería conocer las intenciones de Defensa sobre la finca de La Remonta, ya que el objetivo de los regionalistas es que se convierta en «un gran espacio verde». En su respuesta a la interpelación presentada por los regionalistas hace varias semanas, Robles, según ha informado el PRC en nota de prensa, ha explicado que lo que plantea el Ministerio es la cesión por cinco años y por la totalidad del terreno, es decir, no solo los 90.000 metros cuadrados actuales, sino los 295.000 metros cuadrados totales de superficie. «Hacemos una propuesta concreta de prórroga de la concesión al total de los 295.000 metros cuadrados. Esperamos la respuesta que nos dé el Ayuntamiento de Santander, pero, en todo caso, la voluntad del Ministerio de Defensa es absoluta y total, dentro del marco normativo, con la mejor voluntad de llegar a acuerdos».

LA CESIÓN NO PUEDE SER GRATUITA. En este sentido, la ministra ha considerado que, durante esos cinco años, las Administraciones dispondrían de «tiempo» para alcanzar un acuerdo definitivo, ya que la cesión no puede ser gratuita, tal como marca la normativa actual.

Por ello, el diputado nacional del PRC ha instado al Ministerio a que «explore» la figura jurídica que mejor encaje la cesión, ya que el «respeto está asegurado, al ser para uso público». 

Y ha adelantado que presentará la consiguiente moción para que los acuerdos se alcancen «cuanto antes». En la misma línea, el PRC en el Ayuntamiento de Santander ya ha presentado una moción en este sentido y el grupo parlamentario regionalista hará lo mismo en la Cámara cántabra.

En su opinión, el objetivo es que la cesión «no sea gravosa» ni para el Ayuntamiento ni para el Gobierno de Cantabria.

Al hilo, ha recordado que el convenio suscrito en 2006 preveía el desarrollo de un Plan Parcial que contenía la construcción de 1.300 Viviendas de Protección Oficial, que se retrasó y que derivó en que, en 2015, tuviera lugar la concesión demanial de los 90.000 metros cuadrados actuales para uso público.

Actualmente, el convenio inicial de 2006 ha decaído por la anulación del Plan General de Ordenación urbana de Santander por el Tribunal Supremo y en estos momentos las prioridades no son las mismas.

De hecho, ha subrayado que la opinión pública de Santander está a favor de modificar los objetivos del convenio. «En Santander, hay muchos suelos urbanizables para hacer viviendas. Esta finca, que tiene muchas posibilidades, debe tener una finalidad: ser un gran espacio verde, con dotaciones públicas», ha incidido.