Comienza el derribo de la Residencia Cantabria tras 10 años de abandon
El desmontaje y demolición de la antigua Residencia Cantabria comenzará este viernes, 6 de febrero, después de permanecer diez años cerrada y en progresivo deterioro. Así lo ha confirmado el consejero de Salud, César Pascual. Los trabajos han sido encargados a la empresa pública Tragsa y cuentan con un plazo de ejecución estimado de un año y medio.
Con motivo del inicio de la actuación, el Gobierno de Cantabria celebrará un acto institucional en el propio emplazamiento, en el que se darán a conocer los detalles técnicos del proyecto, el calendario de las obras y el futuro uso del espacio una vez finalizada la demolición.
La Residencia Cantabria, inaugurada en 1969 y clausurada en 2016, fue durante 47 años uno de los edificios sanitarios más emblemáticos de la comunidad. En sus instalaciones nacieron la mayoría de los cántabros de varias generaciones y albergó distintas funciones asistenciales dentro del sistema público de salud regional.
El proyecto redactado por Tragsa para el desmantelamiento y derribo del inmueble cuenta con un presupuesto de 16,5 millones de euros. La intervención presenta una especial complejidad técnica debido a la presencia de amianto en la estructura, lo que obliga a realizar un desmontaje previo y controlado, siguiendo estrictos protocolos de seguridad y salud laboral.
Los residuos con amianto serán trasladados al vertedero específico de Castañeda, actualmente en ejecución, que será el primero de Cantabria con capacidad para acoger este tipo de material peligroso. Hasta ahora, estos residuos debían enviarse fuera de la comunidad autónoma, lo que incrementaba los costes y dificultades logísticas.
La demolición de la Residencia Cantabria supone el primer paso para el desarrollo del futuro Parque de Innovación en Salud, un proyecto estratégico con el que el Ejecutivo autonómico pretende transformar la zona en un espacio dedicado a la investigación, la innovación sanitaria y la colaboración tecnológica.
No obstante, la adjudicación directa de los trabajos a Tragsa, mediante un procedimiento sin concurso público, ha generado controversia política y empresarial. El contrato fue paralizado inicialmente por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) tras un recurso presentado por la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP), que cuestionó la falta de concurrencia y transparencia.
Finalmente, en 2025, el TARC desestimó el recurso, levantó la suspensión y permitió continuar el proceso. Previamente, en noviembre de 2024, el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad una iniciativa, promovida por Vox, para exigir al Gobierno la presentación de los informes técnicos que justificaran la contratación directa.
Desde el Partido Popular, se defendió entonces que la actuación era legal, ajustada a la normativa vigente y que permitía reducir costes, apoyando al mismo tiempo la iniciativa parlamentaria en aplicación de la Ley de transparencia.