Estos partidos ya han registrado el acuerdo que irá al Pleno del mes de julio y que recoge que, tras resolverse el contrato de basuras por incumplimientos de la empresa concesionaria, se investiguen cuestiones como si se cumplieron las normas de contratación, si la calidad del servicio se adecuaba al incremento de la tasa de basuras aplicada antes de su entrada en vigor o si pudieron existir «contrapartidas no reflejadas» en el contrato para compensar la adjudicación del servicio a un menor precio que el que se pagaba con anterioridad.

Además, se pide investigar si existió un adecuado control y vigilancia del contrato mientras estuvo en vigor o las razones por las que aún no están redactados los nuevos pliegos de la licitación.

La investigación se limitará a las áreas de Contratación, Medio Ambiente, Innovación, Vivienda, Obras, Urbanismo y Hacienda, aunque se podrán ampliar si hay indicios que estudiar en otras.

Según recoge el acuerdo, la comisión se constituirá en los siete días siguientes a la aprobación de la propuesta, en una sesión que presidirá la alcaldesa. Además, iniciará su actividad el mismo día de su constitución, empezando por la elaboración de un plan de trabajo que tendrá que aprobar la mayoría de sus integrantes. Este órgano tendrá la misma composición que las comisiones permanentes y se reunirá todos los días laborables de 11.00 a 12.00 horas hasta lograr alcanzar un acuerdo. En el plazo de seis meses tendrá que redactar su dictamen final para ser elevado al Pleno, y solo se podrá admitir una prórroga en sus trabajos por dos meses más. La Corporación ya aprobó el pasado mes de diciembre la modificación del Reglamento de Pleno que permite la creación de comisiones de investigación como la de basuras --que salió adelante con los votos de los mismos grupos que ahora han registrado el acuerdo para materializar la comisión--, pero su puesta en marcha se retrasó cuando el PP interpuso un recurso contencioso-administrativo y solicitó la adopción de una medida cautelar suspendiendo, hasta que se dictara sentencia, la eficacia de este acuerdo.

Los ‘populares’ argumentaron que el acuerdo de la modificación se había adoptado a pesar del informe desfavorable del secretario municipal, al apreciar que «podía ser nulo de pleno derecho», pero el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) desestimó la medida cautelar solicitada por el Grupo Popular.