El Ayuntamiento de Santander aprobó ayer de forma definitiva las ordenanzas fiscales para 2021, que entrarán en vigor el 1 de enero, una vez desestimadas las alegaciones que presentó el portavoz del grupo socialista, Daniel Fernández. El último pleno municipal del año dio luz verde a la desestimación de las alegaciones del PSOE contra la modificación de las ordenanzas sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, y de las tasa de basuras, alcantarillado y agua.

La Corporación aprobó además por unanimidad una moción del PSOE dirigida a que el Ayuntamiento cumpla con su obligación legal de publicar trimestralmente los contratos menores de obras, servicios y suministros, y una propuesta de Unidas por Santander (UxS) para que elabore un plan municipal de vivienda, que de prioridad a la rehabilitación y al alquiler.

Según ha explicado Daniel Fernández, el PSOE ha alegado en contra de la eliminación de la autoliquidación del impuesto de plusvalía porque considera que es un «atropello directo» a los ciudadanos, que no dispondrán del plazo de cuatro años para recurrir si no están de acuerdo, una posibilidad que no les ofrece la liquidación. En cuanto al resto de las alegaciones, el PSOE rechaza la modificación del IBI que, a su juicio, solo beneficia a los propietarios de las zonas de la ciudad con viviendas más caras, y las ordenanzas de las tasas del agua, el alcantarillado y las basuras porque cree que rebajarlas el 0,6 por ciento que marca el IPC es «insuficiente».

El PSOE ha expresado su oposición a la ordenanzas fiscales para el año que viene, que, a su juicio, incluyen medidas «fundamentalmente estéticas» y ha criticado que el equipo de gobierno «se empeñe en un modelo injusto que solo va a incrementar las desigualdades». Le ha reprochado que siga apostando por un modelo lineal en vez de por una progresividad fiscal para que paguen menos los que menos tienen.

La alcaldesa, Gema Igual, ha defendido que en una situación de crisis como la actual lo que ha hecho el equipo de gobierno es «seguir bajando los impuestos y estar al lado de los santanderinos». Ha subrayado que desde 2015 ni se han subido y «ni siquiera se han actualizado», mientras se han ido aprobando bonificaciones a las que este año se suman otras por cuatro millones más, con lo que de un presupuesto de 200 millones, ha remarcado, se quedan 20 en los bolsillos de los ciudadanos.

El concejal de Hacienda, Víctor González Huergo, ha criticado que los socialistas hablen de «una rebaja del IBI de ocho milésimas» cuando lo que se va a aplicar, ha dicho, es una rebaja del dos por ciento que «se va a notar en todos los recibos» y que está muy cerca del límite que permite la ley. «Parece que no les gusta que se baje el IBI», ha afeado a Fernández el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, quien ha recordado que el objetivo es alcanzar la máxima reducción legal al final de la legislatura, cuando la rebaja llegará al 10 por ciento, y ha reivindicado que esa meta forma parte del acuerdo de gobierno que su partido firmó con el PP. La desestimación de las alegaciones se ha votado por separado y UxS se ha unido al PSOE en el voto en contra a la modificación de las ordenanza de la plusvalía y de la tasa de basuras. En el resto solo los socialistas las han rechazado mientras que el resto de los grupos las ha apoyado o se ha abstenido.

Sobre la supresión de la autoliquidación, González Huergo ha señalado que se ha hecho por motivos sanitarios para evitar que los ciudadanos acudan de forma presencial a pagar debido a las limitaciones de espacio. El concejal de UxS, Miguel Saro, se ha sumado al PSOE en su rechazo a esta modificación porque entiende que obedece a una falta de capacidad de gestión del Ayuntamiento, que no dispone de una herramienta telemática adecuada para que la autoliquidación se pueda hacer de manera telemática. El pleno ha apoyado por unanimidad la moción del PSOE para que se publiquen de manera trimestral los contratos de obras de menos de 15.000 euros y los de servicios y suministros de menos de 5.000 euros, una obligación legal que, según el concejal Néstor Serrano, se ha venido incumpliendo desde 2018 y de «forma más evidente» en este ejercicio.

Ha asegurado que en obras no se ha publicado ni un contrato menor este año y en 2019 no se respetó el periodo trimestral, ni tampoco se han publicado los de servicios desde que se declaró el estado de alarma, con lo que, a su juicio, «se ha suspendido la publicidad y la transparencia». Cs, que tiene entre sus competencias el área de Transparencia, le ha replicado que los contratos ya se han publicado y que si se ha producido un retraso no ha sido por falta de voluntad sino por la pandemia.

El concejal Felipe Pérez Manso ha explicado que el departamento ha hecho un importante esfuerzo para conseguirlo a pesar de sus necesidades de personal, al que se ha incorporado un técnico y se sumará otro administrativo. Todos los concejales han apoyan la propuesta socialista. También todos han respaldado la iniciativa de UxS para que el Ayuntamiento redacte un plan de vivienda, tras hacer un diagnóstico de las necesidades y de los recursos y marcar unos objetivos, mientras que no ha salido adelante otra moción de esta formación en la que se instaba al Gobierno de España a regular el mercado de alquiler.