La convocatoria de la comisión de investigación respecto al contrato de recogida de residuos y limpieza de Santander ha quedado anulada por un decreto de Alcaldía (PP) «sustentado en un informe jurídico» en el que estima el recurso de la concejala popular de Medio Ambiente, Margarita Rojo, estableciendo que la modificación del reglamento «quedaría declarada nula por la dificultad insalvable de acreditar que se haya respetado el procedimiento bifásico exigido en la Ley para su aprobación».

Así lo ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que el PP ha explicado que los servicios jurídicos municipales «insisten» en que, el 5 de septiembre, los cuatro letrados que integran el servicio ya emitieron informe conjunto para proponer al Pleno allanarse ante el recurso formulado contra la modificación del Reglamento, debido a que el acuerdo del 23 de diciembre «cuenta con vicios de forma y fondo insoslayables».

Por ello, indica el PP, los jurídicos advierten que la nulidad que afecta a esa norma «no es un hecho intrascendente que haya que limitarse a advertir sin más, a la espera de lo que en un futuro determinen los tribunales de justicia», sino que arroja «consecuencias inmediatas sobre las resoluciones posteriores».

De esta forma, el examen de la jurisprudencia y la doctrina científica existente sobre la materia conduce a la necesidad de «inaplicar» la modificación reglamentaria del 23 de diciembre de 2021 que permitía la creación de comisiones de investigación, lo que conlleva que «el acto administrativo que se emitió a partir de esta última quede sin la preceptiva cobertura jurídica».

Recalcan asimismo los servicios jurídicos que, «si la disposición a cuyo amparo se dicta o ejecuta el acto es nula de pleno derecho, éstos quedan afectados por idéntico vicio invalidante, y, por consiguiente, son también radicalmente nulos de pleno derecho», a la vez que recuerdan que «el deber de inaplicar las normas ilegales atañe no solo a los tribunales sino también a las administraciones públicas».

Por todo lo anterior, el informe emitido señala que ha estimarse el recurso de reposición contra la convocatoria de la comisión presentado por Rojo y que procede la anulación de la convocatoria de 4 de agosto de 2022 emitida por la alcaldesa, Gema Igual, de una reunión extraordinaria para la constitución de la comisión de basuras, y el rechazo de las alegaciones formuladas por el edil de Unidas por Santander, Miguel Saro.

Igualmente, se determina que, una vez anulado el acto administrativo procede instar al Pleno municipal a que inicie la revisión de oficio de la modificación reglamentaria, a fin de declarar su nulidad a todos los efectos.

De esta manera, y «basándose estrictamente en los criterios de los dos informes jurídicos», la alcaldesa ha estimado el recurso de reposición y ha anulado la convocatoria de la sesión constitutiva y de trabajo de la comisión de investigación, procediendo, inmediatamente a dar traslado de todo ello a los miembros de la misma y a la Junta de Portavoces.

El PP de Santander ha afirmado que la «huida hacia adelante» de la oposición y Cs -su socio en el equipo de Gobierno municipal- para la modificación del reglamento del Pleno ha provocado la nulidad de la constitución de la comisión de investigación sobre el contrato de recogida de residuos, dado que según han sentenciado los servicios jurídicos «todas las iniciativas que cuelgan de un acuerdo igual son nulas de pleno derecho». «Los grupos de la oposición y Cs son los responsables de esta surrealista situación y de este despropósito jurídico, dado que el secretario municipal ya les advirtió antes de la celebración del Pleno de diciembre que los vicios legales de forma y contenido eran insalvables», ha incidido el portavoz de los ‘populares’ de Santander, César Díaz, en un comunicado tras anunciar la Alcaldía (PP) la anulación de la convocatoria de la comisión de investigación.

Requiere de nuevo la documentación del contrato de basuras a Ascan. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Santander ha requerido a la UTE Ascan-Geaser Cuida Santander, anterior adjudicataria del servicio de basuras, a que, en el plazo máximo de dos meses, aporte las nóminas de los trabajadores desde 2013 a mayo de 2020 así como relación mensual de trabajadores, y la inversión en maquinaria realizada al inicio del contrato, entre otra documentación. También pide informes a la aseguradora.

En este sentido, la Junta ha aprobado la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento de liquidación del contrato de basuras hasta que la UTE y la aseguradora aporten la documentación, según ha informado hoy en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti.

La cuantía a pagar por el Ayuntamiento sube hasta los 1,2 millones. Además, nuevas sentencias dictadas por los juzgados de lo contencioso administrativo números 1 y 3 de Santander elevan hasta al menos 1,2 millones de euros la cuantía que el Ayuntamiento deberá devolver a Ascán-Geaser tras las deducciones aplicadas por supuestos incumplimientos en la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. Dichos incumplimientos motivaron la rescisión, el pasado mes de noviembre, del contrato a la UTE, que cifra el citado montante en 1,4 millones. Hasta ahora, los jueces han dictado y notificado nueve fallos tras los 18 recursos interpuestos por la Unión Temporal de Empresas ‘Cuida Santander’ a las resoluciones del Consistorio, y que han sido estimados parcialmente por la Justicia, al confirmarse algunos descuentos y anularse otros, por partidas de personal y la recogida de papel y cartón en comercios en distintas facturas.

Estas cinco sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander suman más de 702.856 euros que el Ayuntamiento debe devolver a Ascan-Geaser, montante al que hay que agregar las cuantías de los fallos del juez del número 1, que dictó la primera resolución, relacionada con la factura de noviembre de 2020 y de la que se anularon 147.930 euros deducidos.Las nueve elevan a al menos 1,2 millones -1,4 según la UTE- el montante que el Ayuntamiento debe devolver, cifra a la que hay que sumar un 10% aproximado de intereses anuales retenidos en 2020 y 2021 por los supuestos incumplimientos del servicio, según la empresa, que espera ganar los nueve recursos pendientes de resolución.

Igual niega «un pago extra» por las sentencias sobre las facturas de la limpieza

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, negó ayer que las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 1 que anulan los conceptos detraídos por el Ayuntamiento en el pago de facturas por el servicio de basuras en materia de personal y recogida de cartón, pero confirman el resto de deducciones aplicadas, supongan «un pago extra» para el municipio.

Además, ha subrayado que estas sentencias no son firmes «y los Servicios Jurídicos están estudiando si las recurren», así como que «no debilitan» el haber resuelto el contrato con la UTE Ascan Geaser Cuida Santander.

A preguntas de la prensa sobre estas cuatro sentencias, que se refieren a otras tantas facturas mensuales en los años 2020 y 2021, Igual ha recordado que el coste mensual del servicio de basuras con la anterior concesionaria ascendía a 1,3 millones y «cuando empezamos a detectar que podía haber incumplimientos en el contrato» y la empresa no facilitó información al respecto, se «acordó retener» unos 200.000 euros mensuales en las últimas 16 facturas. En este sentido, la regidora ha precisado que «ese dinero no era del Ayuntamiento, debía de ser su destinatario la empresa que limpiaba la ciudad, pero ante las dudas de que estuviese limpiando por ese importe, se retuvo ese dinero».