Adiós al recibo único: así te cobrarán la basura y el agua en Santander en 2026
El Ayuntamiento de Santander ha aprobado en Junta de Gobierno la actualización de las tasas de agua y alcantarillado para el ejercicio 2026, en línea con la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) fijado por el Gobierno central, actualmente en el 2,7%. Esta medida no afectará al resto de impuestos ni a otros precios públicos de competencia municipal, que se mantendrán congelados, manteniendo además las bonificaciones fiscales vigentes.
La revisión de tarifas responde al contrato firmado en 2006 entre el Consistorio y la empresa concesionaria Aqualia, que establece una vinculación directa con el IPC para los servicios de abastecimiento y saneamiento. Sin embargo, dicho acuerdo excluye ya la nueva tasa de basuras, que desde junio de 2026 pasará a gestionarse mediante un recibo independiente, con un padrón específico para distinguir entre usos residenciales y no residenciales.
Subidas moderadas y por debajo de la media nacional
Según estimaciones municipales, el impacto mensual de esta subida será moderado: en el ámbito doméstico, una vivienda con dos ocupantes pagará 31 céntimos más al mes, mientras que en hogares de tres o cuatro personas el incremento se situará en torno a 24 céntimos. En el caso de negocios, se calcula una subida de 47 céntimos para un bar y de hasta 4,72 euros para una cafetería de mayor tamaño. A pesar del ajuste, el Ayuntamiento afirma que las tarifas seguirán por debajo de la media estatal.
La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado la propuesta acompañada por el concejal de Economía y Fondos Europeos, Javier García, como paso previo al debate presupuestario para 2026. El proyecto de ordenanzas incluye también la planificación del nuevo esquema de ingresos municipales, donde la tasa de residuos tendrá un papel destacado.
IBI y plusvalía se congelan y concentran más del 55% de los ingresos
Actualmente, el 58% de los ingresos del Ayuntamiento proviene de 25 figuras fiscales propias (cinco impuestos, diez tasas y diez precios públicos), con una recaudación estimada cercana a los 118 millones de euros. De ese total, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) representa un 45%, y se mantiene en el mínimo legal del 0,4%, mientras que el impuesto de plusvalía es la segunda fuente de ingresos. Santander figura como la segunda capital de provincia más competitiva en esta figura, solo por detrás de Bilbao, según datos de la OCU.
La congelación de tributos y el mantenimiento de bonificaciones implicarán una renuncia recaudatoria cercana a los 12 millones de euros, de los cuales 9,4 millones derivan del efecto de las bonificaciones y 2,6 millones de la subida no aplicada.
Bonificaciones amplias y calendario de tramitación
El esquema de bonificaciones contempla reducciones del 95% para desempleados, familias numerosas y monoparentales, así como para rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM. Para rentas entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, la rebaja será del 50%.
El calendario de tramitación prevé que la propuesta pase por la Comisión de Economía el 2 de octubre, para su aprobación inicial en pleno extraordinario el día 6. Posteriormente se abrirá un periodo de exposición pública de 30 días, con la intención de aprobar la versión definitiva antes de final de año, con entrada en vigor el 1 de enero de 2026.
Nueva tasa de basuras: recibos separados y campaña informativa
En cuanto a la nueva tasa de residuos, el cobro se realizará directamente desde el Ayuntamiento en tres mensualidades (junio, agosto y octubre), a través de recibos emitidos por el propio Consistorio, sustituyendo así a Aqualia. Antes del primer cobro, cada hogar recibirá una simulación con los datos de padrón, para permitir revisiones y correcciones.
Asimismo, se desarrollará una campaña informativa en centros cívicos y a través de medios municipales para resolver dudas, explicar las novedades fiscales y facilitar la transición al nuevo sistema.
Con estas medidas, el Ayuntamiento de Santander pretende modernizar su gestión tributaria, mejorar la transparencia y garantizar una repartición justa de los costes de los servicios públicos.